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Las instituciones ignoraron el 57% de las solicitudes de información durante 2013, el ‘año de la transparencia’

Escrito el 11 de Abril de 2014 por Javier de Vega

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En 2013, el año de la tramitación y aprobación de la Ley de Transparencia, las administraciones públicas españolas recurrieron en más ocasiones que en 2012 al silencio administrativo. A menos de ocho meses para la entrada en vigor de esta nueva norma en las instituciones de rango nacional, el 57% de las solicitudes de acceso a la información enviadas desde Tuderechoasaber.es, la primera web que simplifica este proceso en España, no recibió ninguna contestación. Este ratio supone un aumento del 3% respecto al año anterior. Así lo revela el Informe Tuderechoasaber.es 2013 (documento completo en .pdf) que hemos realizado Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio, las dos organizaciones responsables de esta iniciativa.

CONSULTA O DESCARGA EL INFORME COMPLETO

Este informe se basa en el análisis de 654 solicitudes de información enviadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. De ellas, 375 se quedaron sin respuesta. Los resultados de este trabajo no sólo muestran que las solicitudes de información respondidas (el 43%) son insuficientes, sino también la falta de respuestas adecuadas. Únicamente el 13% (84 solicitudes) recibió la información que se pedía. En el 11% de los casos las instituciones alegaron no poseer la información solicitada; un 7% de las respuestas fueron inadecuadas (casos en que lo contestado no tiene nada que ver con la pregunta); un 4% incompletas; un 4% remitió a formularios institucionales (una medida restrictiva respecto al correo electrónico) y el 2% de las solicitudes fueron rechazadas.

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“Los malos resultados de 2012 no sólo se mantienen sino que la respuesta de las instituciones incluso ha empeorado un año después. La opacidad se agrava al mismo tiempo que el Gobierno descarta introducir mejoras a una ley de acceso a la información que consideramos insuficiente y de cuya implementación, como antes de su tramitación, tenemos muy pocos detalles ”, señaló Victoria Anderica, responsable de campañas de Access Info Europe.

Ayuntamientos más opacos, comunidades más transparentes 

El informe revela un alarmante agravamiento de la opacidad en las entidades locales. Ayuntamientos, cabildos y otras instituciones de proximidad ignoraron el 81% de las solicitudes de información, un 11% más que en 2012. Estas entidades cuentan con un año extra de plazo para atajar este problema y no estarán obligadas a aplicar la nueva  normativa de transparencia hasta diciembre de 2015. En el caso de los órganos constitucionales, agencias estatales, organismos reguladores, empresas públicas y partidos políticos, el silencio administrativo se produjo en el 59% de las preguntas.

Por contra, las instituciones de alcance autonómico mejoran sus ratios de respuesta al ciudadano respecto al año anterior. Así, la callada por respuesta se redujo en las solicitudes a los gobiernos de las comunidades autónomas del 41% al 32%, estando varias de ellas inmersas actualmente en la tramitación de sus propias leyes de transparencia. Entre las comunidades autónomas, Cataluña es la que más solicitudes de información recibió en 2013. De 19 solicitudes de información, el 47% se saldó con silencio administrativo y el 31% fueron dirigidas a un formulario interno, por lo que la respuesta, si la hay, queda fuera del conocimiento público. “No siempre ha sido así. Hasta hace poco, la Generalitat admitía preguntas por correo electrónico, pero ha pasado recientemente a vetar esta vía de comunicación y se niega a facilitar una dirección de correo electrónico de contacto”, explica Eva Belmonte, responsable de proyectos de la Fundación Ciudadana Civio.

Asimismo, destacan los casos de la Comunidad de Madrid (19 solicitudes, en el 53% alegó no poseer la información), Galicia (nueve solicitudes y silencio en el 44% de ellas), Castilla y León (15 preguntas, ocho de ellas satisfactorias) y País Vasco (17 solicitudes, ocho satisfactorias).

“No poseemos esa información”

El silencio administrativo se redujo mínimamente en las entidades nacionales, principalmente ministerios: del 53% al 47%. De los más 550 organismos listados en Tuderechoasaber.es, el que más preguntas de ciudadanos ha recibido durante 2013 fue el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Aunque su porcentaje de silencio administrativo fue muy inferior a la media (17%), aseguró no poseer la información reclamada en el 48% de las solicitudes de información. El caso del Ministerio de Interior también es relevante: de las 19 solicitudes de información recibida ninguna fue respondida.

“A la espera de que la ley de transparencia se ponga en marcha, la gran mayoría de los organismos públicos demuestra no estar en absoluto preparada para su cumplimiento”, afirma Eva Belmonte. “¿Qué ocurre con las solicitudes vinculadas a información medioambiental, que sí cuentan con una ley en vigor desde julio de 2006? De las 38 preguntas relacionadas con este ámbito, casi un 40%, fueron ignoradas. Por eso insistimos en que la transparencia se debe más a la voluntad de las instituciones que a las garantías de una nueva ley”, explica.

A la cola de los países con plataformas similares

Tuderechoasaber.es se basa en un software llamado Alaveteli, y el primer país donde se aplicó fue Reino Unido en 2008, donde el 61% de las preguntas son contestadas de forma exitosa. En comparación, las entidades españolas suspenden y se ponen a la cola de casi todos los países con herramientas similares. Mientras que en nuestro país sólo el 16,7% de las preguntas reciben alguna respuesta, ya sea total o parcial, en República Checa llegan al 64%, en Hungría al 55%, en Nueva Zelanda al 56% y en Australia al 21% del total de preguntas presentadas. Sólo Túnez, con el 13% de las preguntas contestadas de forma exitosa, y Brasil (9%) se sitúan por detrás de España.

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El patriotismo de Palencia no cuesta dinero

Escrito el 01 de Abril de 2014 por Eva Belmonte

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El pasado 8 de noviembre, en un acto militar, la ciudad de Palencia colocó la bandera nacional en la plaza de España. Con un mástil de 14 metros, no ha costado ni un euro a las arcas del ayuntamiento, ya que fue encargada e instalada por la cuarta Subinspección General del Ejército y Comandancia Militar de Valladolid y Palencia. Pero, ¿cuánto supuso la celebración del izado de bandera? Gracias a la pregunta de Ainhoa Zabaleta y a la respuesta -muy completa- del consistorio, lo sabemos todo.

El secretario del alcalde contesta desglosando, uno a uno, los gastos de esa jornada, en un listado exhaustivo que pretende demostrar que no supuso ningún coste público. Gasto en banderas: 0 € (reciclaron las de otros actos municipales); vallas: 0€ (las 146 que se usaron son propiedad del ayuntamiento); gastos de personal auxiliar, contrato de azafatas, controladores, seguridad privada: 0€ (usaron voluntarios del comedor social ‘Siempre Contentos’); megafonía: 0€ (ya tenían megáfonos); hoteles, comidas: 0€ (los invitados llegaron a las 16.30 horas y se marcharon ese mismo día); autobuses o kilometraje: 0€;  10 Voluntarios Agrupación Protección Civil de Palencia 0 € (aunque este gasto nulo no queda claro, porque luego matiza que el personal que colaboró en el acto durante cuatro horas es el mismo que el que acude a manifestaciones, maratones o cabalgatas de reyes, pero se entiende que cobran por esas horas de servicio).

Para acabar con el listado, el secretario añade que tampoco gastaron nada en regalos a los militares participantes. Eso sí, aprovecha la oportunidad para comentar que la semana anterior, en un acto similar en Rueda, ese ayuntamiento sí hizo regalos a los militares asistentes. En concreto, dio una botella de vino a cada uno de sus 90 invitados.

Además de criticar, de soslayo, al municipio vecino, el ayuntamiento de Palencia aprovecha para glosar los beneficios del acto: más de 3.000 palentinos participaron y tuvo repercusión en medios. Además, destaca, se recaudaron 4.000 euros para el comedor social. Para finalizar, ensalza -en mayúsculas- que la colocación de la bandera sirvió para “FORTALECER LAS RELACIONES CON EL EJERCITO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA Y QUE DESDE ENTONCES LA PLAZA DE ESPAÑA TENGA UN SÍMBOLO QUE NOS DEBE UNIR A TODOS COMO ES NUESTRA BANDERA”.

En paralelo, comenta que este tipo de actos son habituales: se han celebrado en 36 municipios españoles, “muchos de ellos capitales de provincia”, en los últimos cuatro años. Por eso Ainhoa ha dado un paso más y ha trasladado la pregunta la Ministerio de Defensa, esta vez enfocada en el gasto para las arcas de los Presupuestos Generales del Estado del acto de Palencia y otros similares en otras ciudades de España.

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El portal de open data de Galicia permite consultar las estadísticas de publicación y descarga de su catálogo de datos

Escrito el 21 de Març de 2014 por Javier de Vega

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La Axencia para la Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), dependiente de la Xunta, ha publicado en el portal autonómico de datos abiertos las estadísticas mensuales de descargas de información y de nuevos conjuntos de 
datos desde la creación de la web. Esta información, facilitada como ficheros descargables en catálogo del portal Abert@s, había sido solicitada en febrero por el programador Juan Elosua a través de Tuderechoasaber.es. Un año antes conocimos, también gracias a una solicitud de información satisfactoria, que el coste inicial de puesta en marcha de este portal 
fue de alrededor de 50.000 euros.

El silencio administrativo -cuando las administraciones eluden responder siquiera al ciudadano- se produce hasta en un 41% de las solicitudes de información a las entidades autonómicas, una incidencia menor de la que hemos comprobado entre organismos nacionales (53%) y especialmente en instituciones locales (70%). Por eso corresponde agradecer que la Xunta haya puesto estas estadísticas de uso del portal Abert@s a disposición de cualquier ciudadano, y también su compromiso de actualizar semestralmente estas métricas.

La información facilitada nos permite recordar que las políticas institucionales de open data deben suponer un esfuerzo continuo y con criterios bien definidos para facilitar conjuntos de datos ‘críticos’ (licitaciones, agendas de trabajo institucionales, estadísticas de salud, educación, empleo,…) en un volumen que permita evitar más casos de ‘portales fantasma‘, como la analogía de los aeropuertos sin aviones. En abril de 2012 Mar Pereira, directora de Amtega, destacaba ante la prensa durante unas jornadas de Open Data de Galicia que Abert@s ocupaba la “quinta posición en volumen de contenidos al poner a disposición del público un catálogo inicial de 250 conjuntos de documentos”. Pereira emplazaba ahí el “punto de partida de una estrategia encaminada a incrementar el volumen y cantidad de los formatos”, como informaron entonces los medios. Con las estadísticas facilitadas recientemente podemos aseverar que el número de nuevos conjuntos de datos incorporados mensualmente desde entonces es un aspecto aún bastante mejorable.

Además, algunos de estos “conjuntos de datos” son informes completos en formato .pdf , como este anuario de estadísticas sociolaborales, o los calendarios laborales y escolares de la comunidad (primer y tercer catálogo por número de descargas, respectivamente), que en realidad no son datos abiertos.

Los gestores de Abert@s han adoptado una serie de buenas prácticas que aportan valor a este portal: las fichas de cada dataset especifican las fechas de alta y frecuencia de actualización; los términos de licencia son claros (CC-by 3.0 por defecto) y facilitan la reutilización; cualquiera puede contactar con Abert@s para solicitar nuevos conjuntos de datos, actualizaciones o informar sobre errores; o consultar una lista de aplicaciones (14, de momento) que ya están poniendo en uso los datos abiertos por la Xunta. Te animamos a consultar el catálogo de datos y a solicitar la información que te interese.

Gracias a que las métricas de descarga de datasets son ahora públicas, podremos conocer y valorar el el uso y la utilidad real de la información facilitada. Todos los portales oficiales de datos abiertos deberían dar a conocer estas estadísticas.

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La Generalitat repartió la publicidad del portal de transparencia sólo entre medios catalanes y sin tener en cuenta la audiencia

Escrito el 17 de Març de 2014 por Eva Belmonte

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Publicidad aparecida en El Periódico de Catalunya

Los portales de transparencia deben servir para permitir el acceso de los ciudadanos a los datos públicos más relevantes o demandados. Pero, para que cumplan su función, necesitan contener información relevante y, por encima de todo, ser útiles. Por eso, en ocasiones, el lanzamiento de una página web de estas características va acompañado de una campaña de publicidad para darlos a conocer y promover su uso. Así pasó con el reciente estreno del portal de transparencia de la Generalitat de Catalunya, que nació acompañado de anuncios en medios que explicaban su funcionamiento y, de paso, relataban las bondades del gobierno en este campo.

Tras encontrarse con un suplemento de siete páginas en El Periódico de Catalunya sobre la nueva página web, Pablo Castro quiso saber cuánto habían costado esos anuncios y en qué medios se habían insertado. Y así lo planteó en una pregunta formulada a través de Tu Derecho a Saber el pasado cuatro de diciembre. La respuesta, aunque tardía, ha llegado este siete de marzo. Gracias a ella podemos saber que, en total, la Generalitat gastó exactamente 620.849,77 euros más IVA en la compra de estos espacios publicitarios.

Pero la respuesta contiene más información relevante. Del coste total, casi 455.000 euros se destinaron a pagar anuncios en medios impresos. En concreto, las páginas de publicidad aparecieron en La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, El Punt Avui, Ara, Diari de Tarragona, Més Tarragona, Segre, BonDia.cat, Diari de Girona, El 9 Nou, Regió 7, Diari de Sabadell, Diari de Terrassa, Diari de Sant Cugat, Diari del Vallès, Setmanari de l’Ebre, L’Econòmic, El Vigia y Cataluña Económica. Así, el reparto obvia a medios impresos como 20 Minutos o El País (tercero y cuarto en difusión en Cataluña entre los diarios generalistas, respectivamente, según datos del EGM), entre muchos otros.

El resto del presupuesto, 166.254 euros, se destinó a comprar banners de medios online. Los agraciados en este reparto fueron Vilaweb, e-Notícies, El Singular Digital, Nació Digital, la ACN, CatMedia, Imaginaradio.cat y Reus Digital.

Aunque la respuesta ofrece información sobre las cabeceras que acogen la campaña, un dato que las administraciones públicas evitan ofrecer, no es completa del todo. Por eso, Pablo Castro ha vuelto a insistir para saber qué porcentaje de ese presupuesto se destinó a cada uno de los medios.

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El Gobierno incumple la ley y olvida aprobar el decreto del Consejo de Transparencia en plazo

Escrito el 10 de Març de 2014 por Eva Belmonte

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  • Debe regular la organización y funciones del organismo
  • La Ley de Transparencia daba tres meses para aprobarlo

El pasado 10 de diciembre el BOE recogía la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada un día antes. En el texto se estableció que los apartados relativos a la transparencia de la norma entrarían en vigor en un año, esto es, diciembre de 2014. Para preparar ese camino, el Consejo de Ministros debía aprobar, en el plazo de tres meses desde la publicación en el boletín oficial, un real decreto por el que se aprobara el estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la nueva ley.

Hoy, 10 de marzo, tres meses después, se ha cumplido ese plazo. Ni el BOE ha recogido la aprobación de ningún decreto referente a este organismo ni el tema se ha incluido en las referencias de las reuniones de los miembros del Gobierno celebradas hasta hoy. Además, desde Moncloa han confirmado a esta página web que el tema no ha pasado aún por el Consejo de Ministros.

La disposición final séptima establece el plazo de aprobación del decreto que debía regular la “organización, estructura, funcionamiento, así como todos los aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones” del Consejo de Transparencia, un organismo que según la propia norma deberá ser independiente y que está adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por el momento, todo lo que conocemos sobre el mismo se encuentra en la propia Ley de Transparencia. La entidad que deberá velar por su cumplimiento estará formada por un presidente (propuesto por el Gobierno y que deberá ser refrendado en el Congreso), un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, otro del Defensor del Pueblo, otro de la Agencia Española de Protección de Datos, otro de la Secretaría de Estado y Administraciones Públicas y otro de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

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El ayuntamiento de Barcelona responde… más de un año y medio después

Escrito el 04 de Març de 2014 por Eva Belmonte

photo credit: tetegil via photopin cc

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En marzo de 2012, el Ayuntamiento de Barcelona recibió dos peticiones de información. Una de ellas, realizada por un investigador de la Universidad de Barcelona que estaba preparando un estudio, reclamaba información estadística sobre el barrio de Ciutat Meridiana. En la otra, un ciudadano reclamaba la recaudación del consistorio en multas de aparcamiento en zonas verdes y azules de la ciudad. Ambas preguntas tienen algo en común: recibieron respuesta en noviembre de 2013, un año y ocho meses después.

Después de meses de silencio, la petición sobre el censo de Ciutat Meridiana recibió una respuesta austera, en la que le remitían al investigador a la página web y a que se pusiera en contacto directo con el organismo en caso de necesitar más información. Y es que algunos de los datos que reclamaba en su petición no han sido atendidos. En concreto, y para llevar a cabo su proyecto, Jaime Palomera había preguntado por los datos sobre ocupación, movilidad residencial y ejecuciones hipotecarias en el barrio durante los últimos años.

 

El consistorio recaudó 129.000 euros en multas de zona azul y verde en 2012

En la otra petición encontramos una respuesta parcial. Aun así, es una de las respuestas más concretas y completas registradas en Tu Derecho a Saber. Gracias a ella podemos saber que en 2012 el consistorio puso multas en las zonas verdes y azules por valor de 387.757 euros y cobró un 33,7%, lo que se traduce en 129.413 euros.

En 2011 el porcentaje de sanciones cobradas era mucho mayor, un 40%. Así, de 427.446 euros en multas ingresaron 172.446. La respuesta desglosa, incluso, los datos por tipo de multa: las impuestas por falta de comprobante o por superar el límite horario. Eso sí, Luis había pedido datos desde la implantación de las zonas de aparcamiento de pago y el Ayuntamiento ofrece sólo la información de 2012 y 2011 por “motivos informáticos”.

El 70% de las preguntas realizadas a entidades locales durante 2012 se quedaron sin respuesta, así que estos dos casos han acabado siendo, aunque tarde, una excepción a la norma, por muy vergonzosa que esta sea.

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Hacienda evita revelar datos sobre el caos de la declaración del IVA

Escrito el 24 de Febrer de 2014 por Ricardo Dudda

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El 30 de enero de 2014 fue el último día en el que empresas y autónomos en España pudieron presentar su declaración anual del IVA de 2013. Lo que en otras ocasiones no es más que un procedimiento rutinario se convirtió en un caos como consecuencia del cambio del sistema de tramitación. El modelo 390 de declaración anual del IVA obligaba a partir de este año a presentar la declaración únicamente de forma telemática. Aquellos que lo hicieron de otro modo (en papel, como buena parte de los contribuyentes suele hacer) podrán recibir una multa pecuniaria de 1.500 euros, según la Ley General Tributaria.

A pesar de que la Agencia Tributaria puso a disposición de los contribuyentes con mayores dificultades un servicio de ayuda personalizada, muchos ciudadanos presentaron quejas ante las demoras, problemas técnicos y complejidad del sistema de tramitación online. Buena parte de ellas provinieron de contribuyentes que carecen de conocimientos informáticos suficientes para cumplimentar la tramitación, aunque los problemas del sistema afectaron del mismo modo a diferentes ciudadanos. Muchos de ellos tuvieron que acudir a asesores tributarios, que cobran entre 50 y 100 euros. Las personas de avanzada edad y sin conexión de internet fueron las más afectadas.

Las quejas llegaron hasta la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que las admitió a trámite y pidió a la Agencia Tributaria que permita de nuevo la presentación de declaraciones también en papel. Se desconoce, sin embargo, el alcance de los problemas y el número de solicitudes que fueron entregadas fuera de plazo, cuáles de ellas fueron presentadas con errores y a cuántos contribuyentes se sancionó. Esto mismo es lo que preguntó hasta en dos ocasiones en Tu Derecho a Saber Stéphane M. Grueso, que comenta las dificultades que tuvo para realizar la declaración correctamente y pide los datos estadísticos de la declaración. Grueso considera que tanto la interfaz, el sistema de firma electrónica, el sistema de PIN y el modo de autenticación como el lenguaje y el modelo fueron demasiado complicados.

Los únicos datos disponibles son los agregados: en esta campaña se han registrado un total de 3.366.000 declaraciones, 249.000 más que el año pasado, lo que supone un incremento de un 8%. 403.000 de esas declaraciones se realizaron con el nuevo sistema de firma electrónica ‘PIN 24 horas’, uno de los sistemas que ha provocado más quejas.

La agencia que dirige Santiago Menéndez, y que depende del Ministerio de Hacienda, defiende este nuevo sistema porque considera que facilita la lucha contra el fraude fiscal. No se conocen, sin embargo, las consecuencias de este cambio del sistema, y hasta qué punto ha afectado económicamente a aquellos contribuyentes que no han podido cumplimentar su declaración, o la han cumplimentado fuera de plazo. La Defensora del Pueblo considera que no deberían llevarse a cabo procedimientos sancionadores hasta que no se garantice que el sistema funciona correctamente.

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La Comisión Europea da un nuevo paso hacia la transparencia

Escrito el 18 de Febrer de 2014 por admin

Buenas noticias en el campo del acceso a la información dentro de las instituciones europeas. Las investigaciones llevadas a cabo por la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, han conducido a que la Comisión Europea haya publicado 140 documentos internos relacionados con la entrada de Grecia en la Eurozona en el año 2001. Estos documentos habían sido solicitados por un periodista alemán hace ya más de dos años, e inicialmente le habían sido denegados.

Emily O’Reilly ha felicitado a la Comisión Europea por haberse finalmente ajustado a las disposiciones de la Ley 1049/2011 y no entorpecer el ejercicio por parte de los ciudadanos del indispensable, necesario y democrático derecho de acceso a la información. La nota de prensa y la decisión  completa emitidas por la Defensora del Pueblo no pasan por alto, sin embargo, que la Comisión no actuó bien al retrasar injustificadamente la publicación de los documentos solicitados y al interrumpir el contacto con el solicitante de una forma tan abrupta, errores que la propia Comisión ha asumido como suyos. Pero igualmente la decisión de O’Reilly también valora que una vez iniciadas las investigaciones por parte del organismo que preside, la Comisión reaccionó de manera rápida y publicó tan pronto como le fue posible los documentos en cuestión.

Emily O’Reilly ha aprovechado la buena resolución del incidente para emitir unas breves declaraciones: “Especialmente en tiempos de crisis, es vital que los europeos entiendan cómo suceden las decisiones importantes que afectan a sus vidas. Europa sigue afectada tangiblemente por estas decisiones y el papel jugado por los diferentes actores necesita ser clarificado para poder aprender lecciones para el futuro”.

Los detalles del proceso

En noviembre de 2011 el periodista en cuestión se puso en contacto con la Comisión para trasladarle una solicitud de acceso a la información, amparado por el Reglamento Europeo 1049/2001 sobre acceso a información de la UE, que estableció el derecho de acceso a la información a nivel europeo y definió los mecanismos para solicitar documentos a las instituciones europeas. Concretamente, solicitó el acceso a todos los documentos fechados entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de junio de 2000 que guardasen relación con la entrada de Grecia en la Eurozona incluyendo, entre otros, documentos preparatorios, informes de convergencia y las cartas e emails entre miembros de la Comisión y autoridades griegas y de otros estados miembros.

La Comisión procedió a publicar un conjunto muy limitado de documentos, no logrando satisfacer los intereses del solicitante. En este punto el periodista alemán recibió una comunicación oficial en la que se le hacía saber que debido a la antigüedad de los documentos solicitados, muchos de ellos no estaban informatizados y se encontraban diseminados por diversos archivos históricos. El trabajo de recopilar todos ellos hacía imposible cumplir los plazos establecidos por la mencionada ley 1049/2001, por lo que la Comisión propuso, a modo de solución, el envío de todos los documentos solicitados para el 29 de febrero de 2012, a más tardar.

El solicitante aceptó la propuesta pero, un mes más tarde de la fecha acordada no había recibido aún noticias de la Comisión. Tras enviar un nuevo email que no recibió contestación alguna, el solicitante optó por formular una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo en abril de 2012. Tras una larga investigación y un diálogo tripartito entre Comisión, Defensor y solicitante durante más de un año y medio, en noviembre de 2013 la Comisión accedió a publicar un total de 140 documentos que la investigación llevada a cabo por los investigadores del Defensor del Pueblo había juzgado relevantes para la petición del solicitante.

Valoración de Access Info Europe

A nuestro juicio es muy positivo que la Comisión haya respondido favorablemente a las observaciones realizadas por la Defensora del Pueblo Europeo y consideramos que este caso sentará un importante precedente para futuras peticiones de acceso a la información a la Comisión y al resto de instituciones europeas. Sin embargo nos alarma considerablemente que, si no hay supervisión alguna de organismos de control como el Defensor del Pueblo, la Comisión no responda a estas solicitudes con la prontitud y corrección que le corresponde, y por el contrario ponga trabas al ejercicio de un derecho que consideramos esencial para lograr una transparencia efectiva en nuestras instituciones democráticas. Es fundamental que las instituciones que nos representan y que redactan las leyes que nos gobiernan se ajusten plenamente a las regulaciones sobre el acceso a la información y que cumplan estrictamente los plazos y procedimientos establecidos. Confiamos en que a raíz de este caso, tanto la Comisión como el resto de instituciones europeas valoren como se merece la importancia del derecho fundamental de acceso a la información, y apliquen las lecciones aprendidas a las solicitudes que reciban en el futuro.

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Javier Bornstein, Investigador de proyectos de Access Info Europe

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10 excusas de ayuntamientos para no darte sus presupuestos

Escrito el 09 de Febrer de 2014 por admin

Firma invitada. Este post ha sido publicado originalmente en el blog de David Muñoz Sastre.

 

En un país normal, con unas instituciones públicas normales y con una Ley de Transparencia normal (o, simplemente, una Ley de Transparencia) no pasarían cosas como las que vengo a contar hoy. Pero España no cumple esos simples requisitos. Y los ciudadanos pagamos las consecuencias.

Un documento tan simple como los presupuestos de un ayuntamiento, alimentados fundamentalmente con dinero público de todos nosotros a través de los impuestos, debería ser algo fácil de consultar por todos, ¿no? Al fin y al cabo, si pedimos dinero a nuestros padres, lo mínimo que querrán ellos es que les digamos en qué nos gastamos ese dinero, ¿no? ¿O es que podemos gastarnoslo todo en ropa y fiestas sin necesidad de justificarlo? No, ¿verdad?

Pues algo parecido debería pasar con los documentos públicos que muestran en qué invierten (o gastan) nuestro dinero las administraciones públicas, en este caso los consistorios. Yo, ingenuo, al ver el art. 169.7 de la Ley Reguladora Haciendas Locales (“La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio”), creí que esto de pedir los presupuestos no sería complicado o que, incluso, estarían colgados en las webs pertinentes de cada municipio. Me equivoqué.

Presupuestos municipales de un ayuntamiento de Menorca

 

No hablo, obviamente, de los presupuestos de Barcelona, Madrid o cualquier gran ciudad española. Estos son fáciles de encontrar y a menudo son trabajados por los medios de comunicación. Me refiero a municipios pequeños, en concreto los de Menorca, cuya población no supera los 30.000 habitantes y a veces no llega a los 5.000.

Llevo unos cuantos meses persiguiendo a los 8 ayuntamientos de la Isla para preparar un trabajo de análisis y visualización de datos y comparar sus gastos. En Menorca (esa isla de aproximadamente 100.000 habitantes que sigue existiendo más allá del verano), la mayoría de ellos no publican los documentos presupuestarios en sus respectivas webs institucionales y tampoco ponen demasiadas facilidades para que accedas al documento si te diriges presencialmente al consistorio. Ni como periodista ni como ciudadano. Si vives en un pueblo pequeño probablemente te pase lo mismo.

Que no estén online no es lo más grave. Al fin y al cabo, uno puede pensar (aunque cuesta) que por escasez de recursos tecnológicos no puedan colgarlos. Lo que es grave es que intenten esconder, de todas formas, este tipo de documentos pensando que así salvaguardan poder y evitan que esos periodistas cabrones rebusquen demasiado entre tanto dato. A ver si los ingenuos serán ellos…

Y el problema no es sólo de las instituciones opacas, también nuestro por no reclamar derechos como el de acceder a este tipo de información pública. He podido hablar con funcionarios (personal de administración de dichos ayuntamientos) que, tras dos décadas en el puesto, nunca habían recibido una petición de presupuestos. O con el mismo interventor de un ayuntamiento, quién se ocupa de revisar todos los temas económicos del consistorio, y recibí la misma respuesta: “Nadie pregunta por un documento que suele ser tan difícil de entender”.

Después de varias semanas de llamadas, emails e instancias, he conseguido los presupuestos de la mayor parte de consistorios menorquines. Algunos escaneados, otros en versión digital original. Algunos en PDF, otros en Excel, otros en Word. En fin, un caos. Con esto quiero dejar claro que no es imposible acceder a la información (más faltaría), pero sí muy complicado. Demasiado. Y eso es lo que hay que denunciar.

A lo largo de este camino me he encontrado con argumentos surrealistas de todo tipo de los responsables de las áreas económicas, interventores y personal de administración que solamente pueden interpretarse de una forma: no querían cederme esa información. Para que os hagáis una idea, he recogido las 10 excusas que más me han impactado, algunas de ellas inverosímiles. No me invento nada, son citas literales:

1. Deberías hacer una instancia primero. Ya te avisaremos.

2. Es un documento solo disponible para los ciudadanos de ese municipio.

3. Estamos liados cerrando el presupuesto del año que viene y no disponemos de tiempo para gestionar tu petición.

4. La ley nos obliga a poder ofrecerlo para consultas, no a entregarte una copia.

5. No te lo podemos pasar digitalmente, los archivos pesan mucho.

6. El interventor está de vacaciones.

7. Solo llevo aquí 3 años, los presupuestos anteriores no sé quién los tiene.

8. Estamos muy liados después de las vacaciones navideñas y no tenemos tiempo de enviártelos.

9. Llevo 20 años aquí y nadie me había pedido los presupuestos. Espera que lo pregunto.

10. Yo solo soy la secretaria, llama dentro de dos semanas y pregunta por alguien de contabilidad.

En fin, creo que esto ilustra lo que decía al comienzo: este no es un país normal con unas instituciones normales.

El reto acaba de empezar (no basta con recopilar los datos, ahora hay que entenderlos, analizarlos, compararlos y visualizarlos). Os mantendré actualizados con la evolución del trabajo. De momento voy a leerme con calma los presupuestos, espero no caer muerto entre tanta partida presupuestaria.

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David Muñoz Sastre es periodista, emprendedor digital, autor del blog davidmunozsastre.com y cofundador de elideario.com.

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Los coches oficiales de Cataluña, Galicia, Navarra, Cantabria, Asturias y País Vasco

Escrito el 06 de Febrer de 2014 por Eva Belmonte

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  • Un ciudadano pregunta el número y uso de estos vehículos a seis comunidades autónomas
  • Sólo Cantabria ha respondido: tiene 11 coches destinados a consejeros y presidente del gobierno
  • Cataluña remite a un formulario y Navarra exige requisitos para preguntar como el DNI electrónico

Sobre el número y uso de los coches oficiales en el Estado y las comunidades autónomas se ha hablado mucho, muchas veces sin datos y con titulares que se basaban en simples estimaciones. En la mayoría de casos conocemos el parque móvil total y, en menos ocasiones, su reparto entre departamentos. Esta información básica no se publica de forma detallada en todos los organismos públicos, sino que depende -como en muchas otras ocasiones- de la buena voluntad del gobernante o encargado de turno.

Mientras no exista una norma que obligue a publicar esta información, nuestra única vía para acceder a ella en los casos en los que no se publica es escarbando en contratos públicos de seguros o carburante o, como pasa siempre que Tu Derecho a Saber entra en juego, preguntando. Eso es lo que ha hecho Argoitz, un ciudadano que preguntó el pasado 8 de enero a seis comunidades autónomas por su parque móvil y, más importante aún, cómo se distribuye entre vehículos destinados a la representación de altos cargos y aquellos cuyo fin es ofrecer servicios (bomberos, policía, parques y jardines…).

Por el momento, sólo una comunidad autónoma ha respondido de forma satisfactoria, aunque sea una contestación parcial. El gobierno cántabro, tal y como recoge su respuesta, tiene 11 coches para altos cargos: uno para cada uno de los ocho consejeros, otro para el presidente y dos más para incidencias. Eso sí, remite al resto de organismos públicos dependientes de su propio gobierno para recabar el resto de los datos.

Navarra, por su parte, sigue obviando las recomendaciones de su Defensor del Pueblo y reclama un DNI electrónico, entre otros requisitos, para poder realizar una petición de información. Una vez más, pone barreras a lo que debería ser una simple interacción entre ciudadano y administración pública: una pregunta, una respuesta.

Cataluña, en otra de las vías que frenan este proceso, se niega a contestar por correo electrónico y sólo acepta preguntas en su propio formulario. La Xunta de Galicia ha enviado un acuse de recibo de la peticiñon y seguimos a la espera de la respuesta. El gobierno de Asturias, por su parte, remite a su portal de transparencia y al perfil del contratante, para que sea el propio ciudadano el que recopile dicha información. El Gobierno Vasco, por su parte, aún no se ha pronunciado sobre el tema.

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