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Mutis de los partidos políticos sobre su previsión de gastos electorales

Escrito el 27 de mayo de 2015 por Miguel Ángel Gavilanes

 

Una mujer elige la papeleta de uno de los partidos que concurrieron a las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. Foto de Jordi Boixareu.

Una mujer elige la papeleta de uno de los partidos que concurrieron a las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. Foto de Jordi Boixareu.

Adalides de la transparencia mientras piden el voto; pudorosos a mostrar su presupuesto para la campaña, y por ende, sus expectativas ante la cita electoral. Los partidos funcionan a crédito en las elecciones: sin votos no hay reembolso de sus pagos. Sin un presupuesto claro y público es complicado anticipar cuánto dinero reclamarán a las arcas públicas por sus actos de campaña, aunque ello desvele la confianza puesta en su resultados.

El Gobierno incluyó in extremis a los partidos políticos en la redacción final de la Ley de Transparencia. Todo ello después de que Civio y Access Info, responsables de Tuderechoasaber.es, y apoyados por 180.804 firmantes, exigieran a Vicepresidencia de Moncloa que la futura norma contuviera a las formaciones políticas, sus fundaciones y a los sindicatos. Sin embargo, están liberados de responder a peticiones de información. La norma sólo les obliga a “la publicación periódica de información relevante” para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. Esta publicidad activa debe recoger, entre otros asuntos, sus presupuestos completos para las elecciones.

Antes del arranque de campaña, y mediante una petición de información, 10 formaciones políticas fueron instadas a que publicasen su presupuesto desglosado, con su previsión de gastos para la pasada campaña electoral –excepto a CiU y ERC, a los que se preguntó por su campaña para el Parlament de Catalunya. El resultado: tan sólo Podemos dio parte de la información solicitada. Algunos de los partidos que recibieron el máximo reconocimiento en algunos rankings por su supuesta transparencia, como PSOE y Ciudadanos, dieron por callada la respuesta con acuse de recibo mediante.

Podemos, presente en las elecciones autonómicas–y compañero de coaliciones en algunas agrupaciones de confluencia de izquierdas en las municipales–, respondía antes del inicio de la campaña que adaptaban sus pagos y previsiones en función de las aportaciones de particulares. Por ello, pedían esperar al cierre de sus microcréditos –que no descartaban mantener hasta el último día– para dar a conocer la cifra final que fue de 1.563.100€, según su página web. Una planificación improvisada e “inusual”, según reconocen en su respuesta.

La solicitud de información también pedía una relación de empresas, asociaciones y fundaciones donantes y el monto total de la aportación. La nueva formación afirmó que no recibieron donativos de organizaciones.

Publicidad activa y calidad de los datos

Los partidos están exentos de responder a preguntas de los ciudadanos, pero están obligados a publicar, en particular, sus presupuestos para las elecciones. No obstante, los partidos publicaron de forma dispar –si es que llegaron a hacerlo– los datos relativos a los gastos electorales del 24-M. El más refinado fue ERC, que publicó su presupuesto de campaña entregado a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Algo menos descriptiva es la previsión de Ciudadanos, que divide su presupuesto para esta cita electoral de mayo en cuatro grandes partidas: Municipales (500.000€), autonómicas en Madrid (300.000€) y en Valencia (150.000€) y resto de autonomías (300.000€). Además prevén recuperar la totalidad de lo invertido “dadas las previsiones electorales”, según este documento publicado por la formación naranja.

Más laxo es el Partido Socialista, que divulgó en su portal de transparencia que su límite legal de gasto sería de 18.713.805€, y argumenta que su dirección aprobó un presupuesto de campaña “notablemente inferior a dicha cantidad”.

La falta de información es común entre UPyD, sin datos específicos a esta cita en su página oficial (ofrecen los de las elecciones al parlamento andaluz); Convergència i Unió, que contiene la rendición de cuentas de los comicios anteriores; Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco e Izquierda Unida. Estos tres últimos no anuncian nada al respecto en sus sitios oficiales.

Con los resultados aún calientes de las elecciones locales y autonómicas –sin contar con Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco–, no sabemos cuánto previeron gastar la mayoría de partidos, ni en qué conceptos. Desconocemos, hasta que se publique la fiscalización del Tribunal de Cuentas, cuánto han gastado realmente, un dinero que será reembolsado mediante fondos públicos y que no cuenta con presupuestos detallados compartidos con la ciudadanía. El Tribunal de Cuentas ya señaló, a posteriori, gastos injustificados de los partidos o pagos de naturaleza no electoral, como bocadillos y bebidas, en su informe de fiscalización de las anteriores elecciones municipales de 2011.

Excepto Podemos, que sí ofreció la información de la que disponía y la federación socialista en el País Vasco, que remitía a su Comisión Ejecutiva Federal, partidos emergentes y veteranos no respondieron a una petición de información, como Convergència y Unió, Izquierda Unida, Partido Popular, UPyD, PNV, Ciudadanos y PSOE.

Mención especial merece Esquerra Republicana. La petición de información les solicitaba un documento disponible en su página web; no enviar al menos el enlace para su descarga muestra desgana. Contestar hubiese sido la guinda perfecta a su loable ejercicio de transparencia. Con la ley en la mano, los partidos no están sujetos a responder preguntas de los ciudadanos, pero es cuestión de voluntad política. O al menos, de falta de desidia.

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Informe Tuderechoasaber 2014: las instituciones reducen su uso del silencio administrativo, pero sigue siendo mayoritario

Escrito el 21 de abril de 2015 por admin

En 2014, el año de plazo que las administraciones públicas han tenido para adaptarse a sus nuevas obligaciones de transparencia, las instituciones españolas recurrieron en menos ocasiones que en 2013 al silencio administrativo para eludir dar respuesta a las peticiones de información los ciudadanos. Del total de solicitudes realizadas durante 2014 mediante Tuderechoasaber.es, la primera web que simplifica este proceso en España, un 42,7% recibieron la callada por respuesta. O, lo que es lo mismo, 134 de las 314 solicitudes enviadas. En 2013, el silencio superó el 57%. Así lo revela el Informe de Tuderechoasaber 2014, que hoy publican la Fundación Ciudadana Civio y Access Info Europe, las dos organizaciones responsables de esta iniciativa.

Este informe se basa en el análisis de 314 peticiones de información enviadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, tres semanas después de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia para la Administración General del Estado. La mejoría no solo se deja notar en la reducción del silencio administrativo, sino también en el porcentaje de respuestas satisfactorias, aquellas en las que un organismo proporciona exactamente la información solicitada. Son el 18,5% de las solicitudes registradas, una cifra aún muy baja pero que mejora casi cinco puntos con respecto al año anterior.

Entre las excusas más habituales para no dar una respuesta adecuada se encuentra el clásico “eso es en otra ventanilla” –no posee la información (13,4%)-; las contestaciones parciales –incompletas (6,4%)-; aquellos que responden una cosa distinta a la preguntada –inadecuadas (6,1%)-; los que se niegan a dar la información –rechazadas (5,4%)-; los que remiten a un formulario (4,5%); y un pequeño porcentaje (3,2%) de solicitudes incorrectas, aquellas que utilizan Tuderechoasaber.es, por ejemplo, para enviar quejas o peticiones de índole personal.

 

Relevante mejoría de las entidades locales

Aunque la Ley de Transparencia no estaba en vigor cuando se hicieron estas solicitudes para las entidades locales (tienen de plazo hasta diciembre de 2015), son estas las que han provocado, en buena parte, la mejora en los resultados. De hecho, han reducido su silencio administrativo de una forma sustancial: del 81,3% al 54,4%. En cambio, las entidades nacionales, como ministerios y Presidencia del Gobierno, mantienen altas cifras de silencio administrativo, que como en 2013 ronda el 47%.

 

“Es pronto para saber cómo afecta la Ley de Transparencia a las solicitudes de información puesto que, a efectos de este informe, solo ha estado en marcha durante las tres últimas semanas de 2014, y los mecanismos que deben velar por su cumplimiento han arrancado con muchos retrasos”, explica Eva Belmonte, responsable de proyectos de Civio. “Podremos conocer y evaluar mejor los resultados más adelante. Mientras tanto, con Tuderechoasaber.es seguiremos facilitando la labor de solicitar información a aquellos que encuentran demasiados obstáculos en el Portal de Transparencia”.

“Debemos recordar que la ley permite presentar una solicitud a través de cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante y una forma de contacto a efectos de notificaciones”, añade Victoria Anderica, responsable de campañas de Access Info Europe. “A pesar de ello, el Ministerio de Presidencia sigue apostando por un portal que pone trabas a un acceso ágil a la información pública al restringir los medios por los que atender a la población. Incluso el Defensor del Pueblo reconoce que su complejidad puede tener un efecto disuasorio sobre el derecho de acceso a la información”.

Los organismos que más solicitudes reciben

Los organismos públicos más preguntados en Tuderechoasaber.es por los ciudadanos durante 2014 han sido los ministerios de Interior, Hacienda y Sanidad. Sanidad aprueba, aportando al menos algún tipo de respuesta a 15 de 17 solicitudes. Una cifra muy superior a la de Hacienda, que hasta en seis ocasiones aseguró no poseer la información solicitada, en dos ocasiones ofreció una respuesta inadecuada y en otras dos, remitió a un formulario. Un año más, el Ministerio del Interior hace pleno: 17 silencios administrativos para 17 solicitudes de información.

Para encontrar un pleno de respuestas satisfactorias tenemos que acudir a la Junta de Castilla y León. Con siete preguntas, todas ellas con respuesta satisfactoria, esta institución fue la que más solicitudes de información recibió a nivel autonómico durante el año pasado, lo que demuestra que las buenas prácticas animan a los ciudadanos a ejercer su derecho.

Los organismos que gestionan la sanidad en Madrid también están entre los que mayor interés despertaron. La Consejería de Sanidad y la Dirección General de Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid registraron un total de 11 solicitudes de información, aunque solo dos fueron resueltas de forma satisfactoria. A nivel local, los vecinos de Sangüesa (Navarra) fueron los más participativos en Tuderechoasaber.es, aunque el ayuntamiento no les correspondió: de seis solicitudes, cinco nunca obtuvieron respuesta). Otros pueblos y ciudades que destacan por el número de solicitudes recibidas fueron Sant Feliu de Llobregat (una satisfactoria de cinco), Ávila (cuatro preguntas, ninguna respuesta), Barcelona (tres de tres desatendidas), Lleida (de tres remitidas, una de ellas respondida de forma parcial) o Madrid (que derivó a los ciudadanos a su formulario).

O, si lo prefieres, puedes descargarte la versión completa del informe en PDF.

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Seguimiento de solicitudes denegadas en el Portal de Transparencia – Iniciativa de ElConfidencial.LAB, Access Info Europe y Civio

El Portal de Transparencia del Gobierno está en marcha desde diciembre de 2014, y desde entonces muchos usuarios ya han recibido denegaciones de información.

Para conocer mejor cómo están respondiendo las instituciones y qué motivos concretos esgrimen para justificar la denegación, El ConfidencialAccess Info Europe y Civio facilitamos desde ahora un formulario abierto donde te animamos a compartir tu caso:

Formulario sobre denegaciones de
acceso a la información

Si participas, te pediremos que compartas:

  • La fecha en que hiciste la solicitud
  • Su estado (si la denegación es total o parcial)
  • A qué organismo iba dirigida
  • Cuál era exactamente la información que solicitabas
  • El artículo que, según la respuesta, justifica la inadmisión de tu solicitud

Usaremos esta información para poder hacer un mejor seguimiento de cómo responden las administraciones, y te mantendremos informado de los siguientes pasos que demos.

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El Defensor del Pueblo reconoce que la complejidad del Portal de Transparencia puede tener un efecto disuasorio sobre el derecho de acceso a la información

Escrito el 09 de abril de 2015 por admin

Este comunicado ha sido publicado por Access Info Europe en su página web:

Access Info Europe presentó el 17 de diciembre de 2014 una queja ante el Defensor del Pueblo en la que denunciaba el complejo sistema de solicitud de información que el Gobierno ha puesto en marcha en el Portal de la Transparencia. En concreto se denunciaban tres cuestiones:

  1. Que el Portal de la Transparencia no contiene información sobre cómo realizar solicitudes al margen del portal mismo.
  2. Que los mecanismos para solicitar información a través del portal son extremadamente complejos y excluyentes.
  3. Que no debería exigirse la presentación de un DNI para solicitar información.

El día 16 de marzo de 2015 el Defensor del Pueblo contestó a estos tres argumentos reconociendo algunas de las cuestiones planteadas por Access Info. En concreto así respondía a cada argumento:

  1. Reconoce que el portal no informa sobre otras vías para enviar solicitudes de información e informará al Ministerio de la Presidencia al respecto, pero no aprecia ninguna irregularidad porque la Ley de Transparencia establece claramente que se pueden enviar solicitudes por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante.
  2. Sobre los mecanismos y pasos para presentar una solicitud en el portal de la Transparencia, el Defensor del Pueblo considera que son complejos y muy largos, por lo que pueden incluso convertirse en obstáculos para el ejercicio del derecho. Además, reconoce que algunas personas legitimadas por la ley, como los extranjeros, pueden ver dificultado o imposibilitado el acceso a través del Portal de la Transparencia debido a los mecanismos de registro.

El Defensor del Pueblo reconoce que para identificar a un solicitante debe ser suficiente con los nombres y el apellido o con el DNI, pero que en ningún caso es necesario el proceso de validación que ha establecido el Portal de la Transparencia. Por ello, ha solicitado al Gobierno un informe sobre los mecanismo de registro y su impacto disuasorio y excluyente sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

  1. Sobre el tercer punto se limita a indicar que, en nuestro Derecho, las solicitudes anónimas no tiene validez ni producen efectos jurídicos.

Valoramos esta respuesta positivamente, ya que se reconoce el efecto disuasorio que tienen los mecanismos de identificación establecidos en el Portal de la Transparencia y la no necesidad de los mismos, ya que la ley requiere identificación pero no habla de validación de la identificación presentada.

A la espera de la reacción del Gobierno ante los requerimientos que ha hecho el Defensor del Pueblo sobre este asunto, Access Info Europe procederá a responder al Defensor del Pueblo con nuevas pruebas. La respuesta será publicada tan pronto como la recibamos.

Respuesta completa del Defensor del Pueblo

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Siete de los 47 policías nacionales heridos el 22M estuvieron de baja

Escrito el 18 de marzo de 2015 por Miguel Ángel Gavilanes

Policía Nacional lesionado durante las cargas del 22M. Foto de Jonh Chichas.

Un agente de las UIP es trasladado por un miembro del SAMUR para ser atendido tras las cargas del 22M. Foto de Jonh Chichas.

“101 personas atendidas, de las cuales 67 son policías”. Acaba la manifestación y llega el tradicional balance de heridos. El listado de los agentes que acaban con lesiones suele ser público a las pocas horas del fin de una protesta. Conocer cuántos manifestantes acabaron heridos es más complicado (si se da la cifra, además, es mucho menor que la de agentes). Saber con detalle de qué tipo de lesiones se habla cuando se nombra a los policías heridos, más aún.

Hace casi un año confluyeron en Madrid las Marchas de la dignidad procedentes de varios puntos del país. Al término de una de las mayores manifestaciones de los últimos años, se sucedieron graves altercados entre las plazas de Cibeles y Neptuno, en pleno centro de la capital. El saldo: 101 personas heridas, de las cuales 47 fueron policías nacionales y 20 agentes municipales, según los servicios de emergencia madrileños.

El balance, una vez más, incluía esas cifras genéricas pero no el parte desglosado del número de atendidos ni el alcance de sus lesiones: qué tipo de lesión fue la más recurrente y cuantos sufrieron baja laboral o tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario para ser atendidos. De esta forma, no es posible diferenciar entre aquellas personas que sufrieron un tropiezo de las que fueron agredidas.

El director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, respondió a una solicitud de información realizada a través de TuDerechoaSaber.es, con la Ley de Transparencia en la mano, que fueron siete los funcionarios que estuvieron de baja por las heridas. Se trata de la misma información que aportó en la comisión de interior del 23 de abril en el Congreso de los Diputados, donde confirmó que ningún agente fue hospitalizado más allá de la noche de los disturbios. No hay información de los 20 policías municipales atendidos por el SAMUR. Ni Cosidó ni el delegado de Seguridad y Emergencias de Madrid, Enrique Núñez, en su intervención en el pleno del ayuntamiento, aclararon si algún miembro del cuerpo municipal recurrieron a la baja laboral tras aquella jornada.

Así las cosas, conocemos el número de policías nacionales heridos y de baja, si bien seguimos sin saber la consideración oficial de las heridas. Por el contrario, no disponemos de ningún dato sobre los ciudadanos que participaron en la convocatoria y que necesitaron atención médica. Ante la petición de información, Ignacio Cosidó argumentó que “no se elabora un registro de manifestantes heridos, sin que esto impida la obligación de dar cuenta a la autoridad judicial de todas aquellas personas de las que se tenga conocimiento que resulten lesionadas”, por lo que sólo se pueden conocer algunos casos publicados por la prensa.

Cosidó reconocía en su comparecencia en la Cámara Baja “fallos en la ejecución del dispositivo” desplegado por las fuerzas de seguridad en aquella jornada. Más de 1.700 agentes participaron en ella, según afirmaron entonces varios diputados presentes. “Un número idóneo de funcionarios actuantes”, según el máximo responsable del cuerpo de policía.

La determinación del director general tras el caos sucedido en Madrid en la noche del 22M fue destituir a Francisco Javier Virseda Serna, uno de los jefes de los antidisturbios responsable del operativo. Virseda trabaja en la actualidad como agregado en la embajada de Chile.

No es la primera vez que la opacidad caracteriza la información ofrecida desde el Ministerio del Interior. El 25 de septiembre de 2013, un grupo de antidisturbios irrumpieron en la estación de Atocha al final de la convocatoria Rodea el Congreso. Las imágenes de esta actuación policial mostraban a periodistas y viajeros golpeados por algunos agentes mientras esperaban en los andenes. La investigación realizada por la Dirección General de la Policía después de la polémica concluyó que “no se produjeron irregularidades en la intervención policial realizada” según Cosidó. Punto. Sin dar más detalles.

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El Consejo de Transparencia convoca ahora las plazas para formar su equipo de trabajo

Escrito el 16 de marzo de 2015 por Eva Belmonte

La apuesta por una medida se muestra no solo en las palabras con las que el Gobierno la anuncia, sino en los medios -y los tiempos- destinados a ponerla en marcha. Pero la del Consejo de Transparencia, el organismo que debe velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia y por defender el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, es una historia de retrasos y medios escasos. Si el decreto que lo debía constituir entró en vigor ocho meses tarde (según los plazos que dictaba la propia norma), la formación del equipo empieza a dar pasos hoy, tres meses después de la entrada en vigor de la ley.

El BOE recoge hoy la convocatoria de 13 plazas, vía concurso, para nombrar consejeros técnicos, jefes de servicio y analistas de sistemas, que serán quienes deben gestionar los distintos medios de comunicación con quienes deseen realizar solicitudes, llevar al día las cuentas del organismo y atender a las reclamaciones y consultas de los ciudadanos, entre otras tareas clave para su funcionamiento. El problema es que los ciudadanos llevan presentando reclamaciones desde, al menos, enero.

A día de hoy, la única persona del Consejo de Transparencia que ha pasado por el nombramiento oficial, vía BOE, es su presidenta, Esther Arizmendi, que fue nombrada por Real Decreto días más tarde de la entrada en vigor de la ley. De hecho, aunque tanto Esperanza Zambrano (subdirectora general de reclamaciones) como Javier Amorós (subdirector general de transparencia y buen gobierno) ejercen, oficialmente, de forma provisional. El BOE recoge hoy la convocatoria de sus dos plazas por libre designación, además de las de un subdirector adjunto y dos secretarios.

Dentro de 15 días hábiles, plazo necesario para presentar solicitudes a estos puestos, podrían ser nombrados pero, esta vez sí, de forma definitiva. Además de este organigrama, la presidenta del Consejo de Transparencia lidera las reuniones de la Comisión de Transparencia, un organismo formado por siete vocales llegados de distintas administraciones públicas y de los partidos políticos (uno del Congreso y otro desde el Senado).

El 31 de octubre, tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó el Estatuto del Consejo de Transparencia, el Gobierno aseguró que “el Consejo estará listo con tiempo para el próximo 10 de diciembre, que es cuando entran en vigor las obligaciones de transparencia que la Ley prevé para la Administración General del Estado”.

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El Gobierno da 15 días a las empresas mineras para alegar contra de la publicación de los informes de fiscalización a los que fueron sometidos

Escrito el 09 de marzo de 2015 por Eva Belmonte

El Tribunal de Cuentas recibió, al amparo de la Ley de Transparencia, una petición para acceder los informes realizados por la Intervención General del Estado sobre las empresas mineras.

Ante la duda de si facilitar esa información puede afectar a “derechos o deberes de terceros” (artículo 19.3 de la norma), en este caso de los propias compañías, les ha dado el plazo establecido de 15 días para presentar alegaciones, puesto que los informes contienen la fiscalización de cada una de ellas.

Cuatro de ellas, que no han podido ser localizadas por otros medios, han recibido la notificación en el BOE de hoy. Si no fuera por ello, solo la persona que solicitó la información podría conocer que este trámite de alegaciones está en proceso, ya que la norma obliga a avisar de este tipo de procedimientos.

La Ley de Transparencia establece ciertas excepciones para el acceso a la información pública: la seguridad nacional; la defensa; las relaciones exteriores; la seguridad pública; la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; la protección del medio ambiente; y, de forma amplia y sin especificar cómo se concreta, los intereses económicos y comerciales.

[Una información publicada originalmente en El BOE nuestro de cada día]

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Ortiz Construcciones y proyectos, Dragados y una UTE de OHL, los mayores adjudicatarios de los contratos menores del Congreso

Escrito el 09 de marzo de 2015 por Eva Belmonte

Celia Villalobos jugando a "Frozen" en su tablet durante el debate sobre el estado de la nación

Celia Villalobos jugando a “Frozen”, un videojuego, en su tablet durante el debate sobre el estado de la nación. Foto de Antonio Maestre para La Marea

La aplicación de la Ley de Transparencia en el Congreso es una historia de retrasos. Si la propia norma (el estatuto del Consejo de Transparencia llegó varios meses después de lo que debía) y su puesta en marcha (el portal tiene graves problemas de funcionamiento aún hoy) ya van tarde, su aplicación en la Cámara Baja se ha retrasado aún más. Aunque la ley entraba en vigor el pasado 10 de diciembre, no fue hasta el 20 de enero que se aprobó el reglamento para aplicarla en el Congreso.

Y hay más: aunque dicho texto obliga a publicar los contratos menores (los de importes menores de 50.000 euros en obras y de 18.000 euros en el resto de tipos*), no se hicieron públicos en un principio. De hecho, sorprendidos por el incumplimiento de sus propias normas, a finales de febrero pedimos esa información, pero no ha sido hasta este viernes, 6 de marzo, cuando se ha hecho pública en la web del organismo. Así, ya podemos conocer a qué empresas y por qué precios se emitieron esas facturas en el último trimestre de 2014.

Tarde y en un formato no reutilizable. Si tratamos esa información, podemos ir más allá de las anécdotas (que las hay) a una visión mucho más global [aquí te puedes descargar los datos estructurados]. Así, sabemos que las empresas que sumaron una cantidad mayor de ingresos gracias a esos contratos menores son Ortiz Construcciones y proyectos (más de 98.000 euros en siete adjudicaciones), Dragados (73.700 en otras dos) y la UTE (Unión Temporal del Empresas) llamada Mantenimiento Congreso, formada por Ingesan y el gigante OHL (29.500 euros en una única factura).

Apple es el sexto proveedor por volumen de negocio gracias a las tablets y teléfonos con los que trabajan, entre otros, los diputados. En total, sumó 23.550 euros, casi 20.000 de ellos destinados a la compra de iPads. Para los menos mañosos, el servicio de reparación de la firma de la manzana ha facturado unos 1.400 euros en reparaciones de estos dispositivos.

También podemos saber, por ejemplo, que el contrato más caro sumó un coste de 55.800 euros, lo cobró Dragados y se destino a la conexión de red de agua en los sanitarios. O que el menor es de 14,76 euros para la compra de un cristal para marco de foto.

En el apartado de curiosidades encontramos una medalla de 1108 euros, 300 CDs de la sesión de proclamación de Felipe VI (unos 3.000 euros en total), transcripciones de sesiones de comisiones y subcomisiones (que suman más de 10.000 euros), y memorias USB compradas a una empresa de asesoría -Asesores Corporativos It’s Posible [sic]- por 3.291 euros.

El Congreso compró varias publicaciones, hasta un total de 50 contratos que suman 21.700 euros, sin especificar de qué publicaciones se trata. Poco más podemos saber de todos esos contratos, puesto que la información publicada no ofrece más detalles.

Para adjudicar un contrato menor no es necesario ni concurso ni negociado, simplemente la emisión de la factura. Hasta la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, este tipo de adjudicaciones no se publicaban en los organismos de la Administración General del Estado o de los órganos constitucionales nacionales, como es el caso del Congreso.

* Si se dan un paseo por las cifras, encontrarán algunas mayores de esas cuantías. Esto se debe a que el límite de lo que son o no contratos menores se calcula sin IVA y los precios de los contratos en la web del Congreso se han publicado con IVA.

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¿Encuentras barreras? Trasladamos tu solicitud de información al Portal de Transparencia

Escrito el 18 de febrero de 2015 por Javier de Vega

Tuderechoasaber.es no es sólo una herramienta para enviar preguntas a la Administración y poder recibir respuestas. Se trata también de un proyecto de activismo cívico y democrático, de avance gradual pero continuo a favor de un acceso fácil y público a la información que generan nuestras instituciones. Factores que de momento no ha adoptado el Portal de Transparencia, en el que un sistema de identificación electrónica basado en certificado digital, con la alternativa del DNI electrónico o de una clave enviada a tu dispositivo móvil, obstaculiza a un conjunto enormemente significativo de la población el ejercicio de este nuevo derecho.

Las organizaciones que lanzamos y gestionamos Tuderechoasaber.es, la Fundación Civio y Access Info Europe, queremos que seguir pidiendo información a las instituciones no suponga para ti más molestia que enviar un email. Por eso, si quieres pedir información a una administración que restringe el proceso y no cuentas con certificado digital, DNI electrónico, no deseas identificarte o simplemente quieres que todo el proceso sea transparente y público, envía tu pregunta desde Tuderechoasaber.es y nosotros la trasladaremos a través del Portal de Transparencia por ti. Al hacerlo así, tu pregunta y las respuestas seguirán siendo públicas, como siempre. También podremos conocer y usar tu solicitud como ejemplo para seguir presionando hacia una mejor aplicación del derecho de acceso.

No discriminaremos entre vuestras solicitudes, a no ser que no se trate de una petición de información (que se trate de críticas, opiniones,… que nada tengan que ver con información que esté en manos de las administraciones y que quieras que sea abierta) o contengan comentarios de naturaleza ofensiva o potencialmente difamatoria. En este caso, no hemos cambiado nuestras normas de moderación, que puedes consultar aquí.

¿Qué implicaciones tiene esto en el caso de que desees interponer un recurso ante la falta de respuesta? Si quieres insistir a la administración para que responda a una solicitud que hayamos enviado por ti a través del Portal de Transparencia, avísanos. Como hasta ahora, al cabo de un mes de tu solicitud, recibirás un recordatorio para iniciar un recuso. Desde Civio y Access Info podemos ayudarte a interponerlo y solicitar el amparo del Consejo de Transparencia. Puedes apoyarte en estas plantillas para redactarlo.

Queremos que inicies el proceso con toda la información necesaria, y por eso hemos actualizado los textos de la web y la Guía del Solicitante de Información, que te proponemos consultar para aprender algunos consejos sobre cómo realizar peticiones efectivas. Contiene información abundante sobre el proceso de solicitar, la recepción de respuestas y la interposición de recursos en caso de silencio o denegación (e incluso unas plantillas tipo que puedes usar para ello).

En segundo lugar, como los organismos que no admiten solicitudes por email y bloquean el acceso a quienes preguntan sin identificarse electrónicamente son principalmente los de la Administración General del Estado -los ministerios-, cuando inicies una solicitud a uno de ellos, verás un aviso como este:

Trataremos de guiarte a lo largo del proceso. Si te surge alguna duda, revisa la Guía del Solicitante de Información o escríbenos.

En su jornada de constitución en el Senado, la presidenta del Consejo de Transparencia se comprometió a “estudiar cómo simplificar la petición de información por los ciudadanos”. Ya hemos trasladado a este organismo nuestras preocupaciones sobre un acceso limitado a la información, la complejidad del proceso de solicitarla y la necesidad de mucha más pedagogía pública.  También hemos ofrecido nuestra colaboración para lograr juntos una mejor implantación y aplicación de la ley de transparencia.

Sigue con nosotros, utiliza Tuderechoasaber.es y permanece atento a todas las novedades.

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El Consejo de Transparencia echa a andar sin explicar a los ciudadanos cómo presentar un recurso a las solicitudes de información denegadas

Escrito el 19 de enero de 2015 por admin

Imagen: RTVE.es en Twitter

A pesar de que la ley de transparencia entró en vigor hace más de un mes, aún no se conoce si existe un trámite específico para presentar un recurso ante el Consejo de la Transparencia, que se constituyó ayer lunes. Esta falta de información afecta a los ciudadanos que enviaron solicitudes de información desde el pasado 10 de diciembre. Cumplido el plazo de un mes que establece la ley, quienes hayan recibido una respuesta negativa (denegando la información), o directamente no han recibido respuesta, aún no conocen los cauces específicos para poder recurrir al Consejo de la Transparencia para defender su derecho a acceder a la información. La única opción, por el momento, es presentar el recurso ante el registro central de la administración, aunque ni siquiera aparece el Consejo de la Transparencia como posible receptor del mensaje.

Este retraso supone un agravio para los ciudadanos que han realizado solicitudes de información. La ley da un plazo de un mes para recurrir al Consejo de la Transparencia, que empieza a contar al día siguiente de que se produzca el silencio administrativo. De esta forma, se acumulan los problemas de implementación de la transparencia. A los  obstáculos para enviar solicitudes de acceso a la información y al hecho de que el reglamento que debe acompañar a la ley de transparencia aún no es público, se suma ahora la poca información sobre los cauces para recurrir hasta que el Consejo de Transparencia no ponga en marcha el trámite. El Consejo fue creado pocos días antes de la entrada en vigor de la ley, y la experiencia previa de sus miembros se centra más en la protección de datos que en el derecho de acceso a la información pública.

“El Gobierno sigue demostrando que la ley de transparencia solo le importa como titular en los medios.”, declara Victoria Anderica, coordinadora de proyectos en Access Info Europe, “Su implementación es altamente decepcionante y a pesar de los continuos problemas el ejecutivo sigue sin hacer ni una declaración sobre los mismos.”.

“Ya no es solo una cuestión de mala fe ni de poco interés, sino de incumplimiento de la propia ley”, añade Eva Belmonte, Responsable de Proyectos de Civio. “El decreto del Consejo se presentó con ocho meses de retraso, se constituye ahora más de un mes después de la entrada en vigor de la ley, aún no tenemos reglamento y ni siquiera tenemos un cauce específico donde recurrir, pese a que los plazos están más que cumplidos”, concluye.

A día de hoy, los organismos públicos no han respondido a preguntas sobre los informes de auditoría, las retribuciones de altos cargos y las indemnizaciones pagadas por RTVE, así como el reparto de la publicidad institucional por cabeceras (solicitud enviada al Ministerio de Presidencia) y el desglose del parque móvil por departamentos (a Hacienda y Administraciones Públicas), entre muchas otras cuestiones.

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¿Quiénes son los que van a hacer cumplir la Ley de Transparencia?

Escrito el 15 de enero de 2015 por Javier de Vega

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Este artículo ha sido publicado originalmente en Quién Manda, un proyecto de Civio. Pincha en cada individuo u organismo mencionado en el texto para consultar sus relaciones e influencia.

La reunión mensual del Consejo de la Transparencia, que muy pronto tendrá que salir del cascarón, no será un encuentro de novicios. Todos los vocales designados por distintas administraciones son altos funcionarios públicos con predominio del perfil jurídico. También lo es su presidenta, Ester Arizmendi, la elección de Cristóbal Montoro para dirigir este organismo, y a la que antes encomendó modernizar la función pública e impulsar la administración electrónica desde el Ministerio de Hacienda. Cada uno representa acervos y doctrinas muy distintos sobre lo que significa “transparencia”, pero juntos deben hacer cumplir la misma ley. Aunque está en sus manos dar forma a una nueva cultura pública para España, todos proceden de dentro del aparato administrativo o de la política activa, en contra de las recomendaciones y de todos los estándares de independencia. No les acompaña ningún representante independiente de la sociedad civil. ¿Quiénes son y de dónde vienen?

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Los siete vocales

Si el derecho a la información tiene una de sus contrapartes en la protección de datos, Agustín Puente Escobar, que es jefe del gabinete jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), parece idóneo para garantizar lo segundo. Abogado del Estado desde 1994, Agustín Puente inició su carrera en el Tribunal de Justicia de Cataluña para saltar en 1996 a la jefatura del gabinete técnico del subsecretario de Industria y Energía. Tras un periodo en Interior, en 2001 se trasladó a Praga para participar en el desarrollo legislativo de las normas comunitarias y en la creación de la oficina checa para la protección de datos. Su segunda etapa en la AEPD transcurre desde 2002 hasta hoy.

Las Cortes están representadas en el Consejo de la Transparencia por la diputada del Grupo Popular por Zaragoza  Pilar Cortés Bureta y por Jokin Bildarratz, portavoz del PNV en el Senado. La primera es portavoz adjunta de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, exprofesora de Derecho Constitucional y especialista en protección de datos. Antes que senador, Bildarratz fue alcalde del Ayuntamiento de Tolosa, presidente de la Asociación de Ayuntamientos Vascos (EUDEL) y profesor de la Anoetako Herri Ikastola.

El Tribunal de Cuentas ha confiado la tarea de vocal a María José de la Fuente y de la Calle, que dirige desde 2012 el Departamento Séptimo de Fiscalización. Éste controla las cuentas del sector público local, de diputaciones a ayuntamientos, comarcas y consorcios. Licenciada en Derecho y letrada asesora de empresa por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas en 1993. Allí ha desempeñado casi toda su carrera.

Si el departamento de De la Fuente participa directamente en la auditoría de cuentas públicas, la estabilidad presupuestaria de las mismas, su control de gasto y vigilancia de la deuda recae sobre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Se trata un organismo supuestamente autónomo pero adscrito, como el propio Consejo de la Transparencia, al Ministerio de Hacienda. La AIReF confía su vocalía a otro abogado del Estado, José Luis Martínez-Almeida, su director jurídico. Su trayectoria es particularmente interesante: está ligado desde 2007 al ámbito de la administración de la Comunidad de Madrid, primero como director general de Patrimonio Histórico y después como secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad durante el tercer gobierno de Esperanza Aguirre. Desde septiembre de 2013 hasta abril de 2014 fue secretario general y del consejo de administración de SEPI Desarrollo Empresarial (SEPIDES).

José Manuel Sánchez Saudinós es secretario del Defensor del Pueblo y el representante que ha propuesto esta institución para llevar su voz en el Consejo de la Transparencia. Es doctor en Derecho Constitucional, ha sido profesor titular en la Universidad Carlos III durante más de una década y desde 2012 trabaja junto a Soledad Becerril, quien asumió el cargo tras dejar su escaño como diputada del Grupo Parlamentario Popular.

Por último, el Ministerio de Hacienda no solo se reserva el nombramiento de la presidenta del Consejo de la Transparencia, Ester Arizmendi, sino también el de una vocal, María Pía Junquera Temprano, designada el mismo día en el que Arizmendi cesó de su cargo en Hacienda. Junquera es directora general de Organización Administrativa y Procedimientos en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Lleva desde 1995 ligada a la administración, alternando etapas entre Hacienda y Justicia con gobiernos de todos los colores.

Hasta que eche a andar, sabemos que…

…este organismo contará con casi 1,9 millones para “evaluar la transparencia de la actividad pública”, pero no supondrá ningún incremento del gasto público (ni en dotaciones, ni retribuciones ni incremento de personal) puesto que se dota exclusivamente de recursos reasignados del Ministerio de Hacienda. Sánchez Saudinós, Bildarratz, Cortés y sus compañeros tendrán un mandato de cinco años, y podrán ser cesados por acuerdo del Gobierno, pero ninguno percibirá ninguna remuneración ni deberá dedicación exclusiva. La presidenta, por su parte, sí tiene asignado un sueldo de 54.640 euros anuales. Si cada cual pierde su condición de diputado, de senador o de consejero del Tribunal de Cuentas, será relevado. Lo mismo sucederá si el Defensor del Pueblo, la AEPD, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o la AIReF entienden que sus representantes han dejado de cumplir sus obligaciones.

Este equipo, compuesto también por dos subdirecciones que aún no han sido asignadas públicamente, deberá presentar anualmente a las Cortes una memoria analizando el grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia. Todas sus resoluciones, todas, serán publicadas –disociadas de toda la información de carácter personal- en el portal de transparencia, y el BOE llevará un resumen de la memoria anual, pero no se contempla de forma explícita que la memoria completa sea pública, aunque deberá ser presentada en el Congreso.

En el caso de que se detecte un incumplimiento reiterado de las obligaciones de transparencia, la presidenta podrá únicamente proponer el inicio de un procedimiento sancionador. La Ley de Transparencia atribuye la capacidad sancionadora al Consejo de Ministros o al Ministerio de Hacienda, según el caso, así que parece improbable que el propio Gobierno sancione a uno de sus miembros o a un alto cargo afín.

Distintas aproximaciones al derecho de acceso a la información

Cada vocal trae consigo una experiencia distinta sobre qué es la transparencia y cuál debe ser su alcance. Sánchez Saudinós estará al corriente de las triquiñuelas más utilizadas por las instituciones para denegar la información. El Defensor del Pueblo advierte de que “una comunicación de una administración a otra no es interna, sino externa”, y por tanto puede ser publicada. Su memoria anual alerta de que existen trabajos, estudios, opiniones y decisiones plasmados en comunicaciones e informes que “pueden ser incluso preceptivos, y que serían calificados de internos o entre órganos o entidades administrativas sólo para denegar el acceso a la información que contienen”. También avisa de que varios de los límites al acceso a información que recoge la ley pueden ser utilizados “para añadir opacidad”.

En eso coincide con Jokin Bildarratz, que pidió mejoras en los límites de la Ley de Transparencia a su paso por el Senado. Reclamó que tres de ellos (la protección del medio ambiente, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria) fueran modificados o suprimidos por no ser claros y que “limitarían de forma arbitraria el derecho de acceso”. Además, su grupo (el PNV) propuso que los puestos de los parlamentarios en el Consejo de la Transparencia fueran rotatorios.

También sabemos que la visión que tiene la diputada popular Pilar Cortés Bureta sobre la transparencia es conservadora y restrictiva, como se apreció en el trámite parlamentario de la ley. Cuando el directivo de Transparencia Internacional Manuel Villoria mencionó la dificultad de distinguir cuándo debería aplicarse el silencio positivo y cuándo valdría el negativo, Cortés propuso aceptar “la generalidad del silencio negativo, como la ley establece”. Para ella era “excesivo” someter a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales al mismo régimen de transparencia que las administraciones públicas. También restó importancia a la abundante información que la ley dejaba fuera: “aunque en un principio pueda parecer que haya una laguna o falte algún tipo de documentación, los propios ciudadanos irán marcando la pauta a las administraciones para que se sepa cuál es la información que consideran útil”.

El Congreso eligió a Cortés con 24 votos frente a Joan Tardà (Grupo Parlamentario Mixto), que no obtuvo ninguno, y 12 quedaron en blanco. Varios grupos cuestionaron la elección de la diputada, que Bermúdez de Castro (PP) defendió con la siguiente alusión: “no tiene sentido que nosotros no cuestionemos la independencia y la idoneidad de la señora Batet (Meritxell Batet, diputada socialista con presencia en el consejo asesor de la Agencia Española de Protección de Datos), que tiene un perfil similar al de la señora Cortés, y usted sí haga un juicio de valor previo”. Traducimos: nosotros no hemos criticado a los tuyos, tú no critiques a los nuestros.

Ni la transparencia ni la protección de los datos personales son derechos absolutos. Siempre hay que encontrar un equilibrio y ponderar los intereses en juego. Aquí destaca la experiencia de Agustín Puente, cuya labor en la AEPD ha sido dictaminar sobre supuestos jurídicos como la publicación de datos de concejales electos (“legítima, dado el carácter manifiestamente público del dato”) o sobre las actas de órganos de gobierno municipales. La AEPD estima “como regla general” que procede hacer públicas sólo las actas de las Asambleas, pero no las de las Juntas de Gobierno. “Y en todo caso es necesario ponderar los derechos en juego de los particulares”, manifestó Agustín Puente durante una conferencia.

En cambio, no consta ninguna experiencia previa de José Luis Martínez-Almeida, el vocal de la AIReF, relacionada con la transparencia. En el Fotomandón le encontramos en una imagen, durante una visita del magnate de los casinos Sheldon Adelson a la sede de la Comunidad de Madrid. Los medios le emplazan, cuando era secretario del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la delegación que Esperanza Aguirre envió a Las Vegas para promover la candidatura madrileña para acoger el macrocasino EuroVegas.

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María José de la Fuente y de la Calle es consejera de cuentas a propuesta del Partido Popular, y en su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos señaló que la transparencia es una “clave esencial”. Respecto a la vocal de Hacienda, María Pía Junquera Temprano, aunque es miembro del pleno de la Cámara de Comercio de España, se omite este dato en su currículo del Portal de la Transparencia. El Ministerio de Hacienda no ha respondido aún a dos requerimientos de prensa ni a una solicitud de información para poder confirmar o desmentir si es pariente de Juan Junquera Temprano, exsecretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

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