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Publicidad activa y derecho de acceso a la información pública en el Congreso de los Diputados: el caso de la oficina presupuestaria

Escrito el 22 de febrero de 2016 por admin

Firma invitada. Este artículo ha sido publicado originalmente por Encarna Hernández en su blog

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Imagen de Juan J. Martínez, extraída de Wikimedia Commons

Los presupuestos son una herramienta fundamental dentro de la gestión pública, de ahí que su conocimiento por parte de todos los actores interesados (desde los Parlamentos hasta la ciudadanía en general) sea decisivo para garantizar una correcta planificación y control del gasto público. Muchas veces, la complejidad y magnitud de la información contable hace difícil ese control, no solo para el ciudadano de a pie, sino también para los propios representantes públicos que no tienen formación específica en este campo. Ello refuerza la necesidad de acudir a órganos independientes y especializados como las oficinas presupuestarias.

¿Qué hace una oficina presupuestaria? El gran referente lo encontramos en la del Congreso de los Estados Unidos, cuya tarea central es la de analizar de forma independiente asuntos relacionados con el presupuesto y la política económica para servir de apoyo al proceso presupuestario, aportando a su vez transparencia a los resultados de estos análisis. Por ello sus informes son públicos, lo que aporta al conjunto de la sociedad civil la posibilidad de acceder a una información independiente sobre la situación financiera del país al margen de la documentación que aporta el Gobierno y los partidos políticos, garantizando así una parte importante de lo que entendemos por un presupuesto y gasto público transparente.

En definitiva, una oficina presupuestaria no solo ofrece asesoramiento técnico a los parlamentarios, sino que los resultados de su trabajo, a través de distintos informes o estudios, deben estar abiertos a la sociedad, de forma actualizada y comprensible, algo muy sencillo de ofrecer con el actual desarrollo de las TIC.

La Oficina Presupuestaria de las Cortes: lo que sabemos

En España, la puesta en funcionamiento de una oficina presupuestaria en el seno de las Cortes ha sido un reclamo histórico, pero no se creó por Ley hasta 2010. El órgano de nuevo cuño obedece a la necesidad “de articular en el seno de las Cámaras un mecanismo eficaz de asesoramiento técnico en materia de seguimiento y control de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y sobre aquellos aspectos que tengan repercusión en los ingresos y gastos públicos”. Se trata, a su vez, de un “instrumento inspirado en los principios de independencia, objetividad y transparencia que se pone al alcance de los Diputados y Senadores”.  La Oficina estaría adscrita orgánicamente a la Secretaría General del Congreso, su director sería elegido por las Mesas de las Cámaras entre personas de reconocido prestigio y se le asignaría una dotación presupuestaria dentro de la partida destinada a las Cortes Generales.

Algo más de un año después, se aprueba una Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 19 de julio de 2011, por la que se regula su composición y funcionamiento, y donde se establece que la Oficina Presupuestaria llevará un registro en el que constará cada una de las consultas realizadas y el órgano de la Cámara, Diputado, Senador o Grupo Parlamentario que las formula, así como los informes y notas elaborados. Así mismo, podrá elaborar notas sobre cualquier información económica o presupuestaria que se remita a la Cámara, en particular, podrá realizar informes sobre la evolución de la recaudación tributaria a partir de los datos que proporcione la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Esto es lo que se recoge sobre el papel, aunque lo cierto es que la Oficina no tuvo un director hasta abril de 2013, siendo el designado Vicente Fernández de Gamarra, un alto funcionario del Ministerio de Hacienda jubilado, que aceptó el cargo con fecha de caducidad. Renunció en septiembre de 2014, sustituyéndole Lidia García Fernández, letrada de Las Cortes. Hasta entonces, la Oficina Presupuestaria se había distinguido por su inactividad, que procuró reactivarse con la firma del Convenio entre ésta y el Gobierno, para que la oficina pudiera acceder a las bases de información contable y presupuestaria de los Ministerios de Economía y Hacienda.

Este paso no se dio hasta diciembre de 2014, hace ahora algo más de un año. Y lo cierto es que los retrasos para que la Oficina pueda operar se vuelven a retrasar por la (según el Gobierno) complejidad técnica para poner en marcha la plataforma o pasarela informática que debe conectar a la Intervención General del Estado con la Oficina Presupuestaria de las Cortes, para poder acceder en tiempo real a los datos sobre la ejecución del presupuesto. Esta conexión se habilitó hace unos pocos meses, en mayo de 2015, y se aclaró a su vez que dicha información solo estaría disponible para los diputados y no para los ciudadanos.*

La nula publicidad activa de la Oficina Presupuestaria

Todo el relato anterior está extraído de una búsqueda exhaustiva realizada para intentar conocer algo sobre la actividad de la Oficina, de la que encontramos referencias exiguas en el portal del Congreso, que básicamente se limitan a lo contemplado en la normativa vigente que regula este órgano. Ni rastro, por otro lado, de su trabajo o composición. Se supone que la Oficina Presupuestaria está activa, respondiendo consultas de sus Señorías, que a su vez hacen uso del sistema informático (¿usan mucho este servicio?) y elaborando informes, pero no sabemos sobre qué exactamente porque no hay un registro público de ello. Tampoco hemos encontrado referencias explícitas a la dotación presupuestaria de la Oficina en los PGE, por lo que es difícil saber lo que cuesta (al margen de los contratos de la pasarela informática), cuando además tampoco sabemos qué funcionarios o personal la componen.

Es por ello que nos decidimos a utilizar el formulario de solicitud de información delPortal de Transparencia del Congreso, solicitando información sobre la composición de la Oficina, presupuesto asignado, así como aquellos documentos que emanan de su actividad: registro de consultas de los diputados e informes emitidos hasta la fecha (si los hubiere). Esta solicitud se hizo el 20 de enero de este año, recibiendo contestación dentro del plazo establecido (un mes).

Respuesta del Congreso a la solicitud de información sobre la Oficina Presupuestaria

El primer escollo para conocer la respuesta a nuestra solicitud de información es que se nos remite un correo con un adjunto cifrado (extensión P7M), sin más indicaciones. El archivo en cuestión no se puede abrir, y tenemos que recurrir a algunos foros informáticos para probar varias formas de abrirlo. Finalmente, lo conseguimos con un programa específico para ello. Primer apunte negativo.

Una vez abierto, nos encontramos con una nota escueta, con demasiadas obviedades y referencias a las normas legales que regulan la Oficina, y que ya conocemos. En lo que concierne a la información solicitada, se nos apunta, de forma muy escueta:

Sobre la composición de la Oficina: la oficina cuenta con una directora asistida por un administrativo.

Sobre el presupuesto: no dispone de ninguna partida específica dentro del presupuesto de la Cortes, ya que el único gasto es el de personal y se trata de funcionarios de las Cortes (ya hemos visto gracias al Portal de Contratación del Estado que no es así, y que ha habido costes asociados a su actividad).

Sobre el registro de consultas: se nos indica simplemente que ha habido 70 consultas sobre los PGE y otras 148 sobre proyectos de inversión.

Sobre los informes emitidos: se nos despacha con que se han elaborado dos informes, que parece que no podemos conocer de su contenido.

Con esta respuesta se confirma que nuestra Oficina Presupuestaria no quiere parecerse a otras de referencia, que aplican transparencia (activa y pasiva) a su trabajo, aportando con ello una visión independiente muy valiosa para el conjunto de la sociedad. Las oficinas presupuestarias son un instrumento de control parlamentario y ciudadano, pero la nuestra se queda sin uno de los pilares.

Las trampas de la Ley de Transparencia 

¿Qué puedo hacer si quiero conocer el contenido de esos informes? Lo mejor de la respuesta a la solicitud de información está al final del archivo smime.p7m: “Contra la presente resolución cabe recurso ante la Mesa del Congreso de los Diputados, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa”.

En efecto, una de las “trampas” de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG) está en su artículo 23.2: “contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.1.f) solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo”. Es decir, que no podemos acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) cuando se trata de instituciones como la Casa del Rey, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial…

En realidad, la LTAIPBG deja coja la potestad del CTBG para vigilar el cumplimiento de la Ley al margen de la Administración General del Estado, algo que este órgano está corrigiendo en buena parte a través de convenios con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, pero que para instituciones como las citadas en el famoso 2.1.f) poco cabe hacer.

El sabor que nos queda después de este ejercicio de derecho de acceso a la información pública es agridulce: la transparencia debe ser una cosas mucho más sencilla, accesible y sobre todo ejercerse con sentido común. Sabemos que se trata de un camino que, en nuestro país, casi acabamos de empezar a recorrer, pero no llegaremos ni donde queremos ni cuando queremos con trampas y piedras innecesarias en el camino.

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Encarna Hernández Rodríguez es periodista e investigadora sobre Gobierno Abierto y Transparencia

* Rectificación: eliminamos una afirmación sobre el coste de esta pasarela. Por error, los contratos que enlazábamos correspondían a otro organismo.

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Los asistentes al cóctel del Día de la Hispanidad quedan fuera de la Ley de Transparencia

Escrito el 16 de febrero de 2016 por Miguel Ángel Gavilanes

Los reyes saludan a las exministras Ana Palacio y Cristina Alberdi.

Los reyes saludan a las exministras Ana Palacio y Cristina Alberdi en el Palacio Real. Fuente: casareal.es

Cada 12 de octubre, la élite social, política y económica del país celebra en el Palacio Real, entre aperitivos, vino y cava, el Día de la Hispanidad. Como cada año tras el tradicional desfile castrense, los reyes reciben en palacio a cientos de invitados con motivo de la fiesta nacional. En esta última edición, según los medios de comunicación, el cóctel estuvo marcado por sonadas ausencias, como la anunciada por Pablo Iglesias, o el éxito cosechado por Albert Rivera, adulado y solicitado en los diferentes corrillos al calor de las prometedoras encuestas de aquel entonces. Pero no hay datos oficiales sobre los asistentes: año tras año, el listado de los invitados no es público. Y por lo que parece, así lo seguirá siendo.

La Ley de Transparencia, tal como está redactada, de poco sirve para conocer de forma oficial quién estuvo en aquella jornada. Así lo ratifica el Consejo de Transparencia (CTBG) tras una reclamación ante una relación imprecisa de los invitados por Casa Real.

Después de una solicitud de información que pedía la relación completa de invitados y el coste del cóctel del Día de la Hispanidad, Presidencia del Gobierno, la encargada de responder por Casa Real, despachaba con un párrafo el asunto de los invitados. La respuesta arrancaba con la expresión entre los asistentes; es decir, no se trataba de un listado completo. Presidencia contestó con una mención genérica de instituciones del Estado de donde podrían provenir los diferentes asistentes. A esa enumeración se añaden personas procedentes de diferentes sectores sociales de la vida pública nacional, una etiqueta que homogeneiza a empresarios, periodistas o personajes de la cultura nacional, entre otros.

Tras recurrir la indefinición de la respuesta ante el Consejo de Transparencia, Presidencia alegó, como uno de los motivos para no dar el listado completo, que no existe un interés público suficientemente sólido y superior que justifique la difusión de los nombres de los casi 1.500 asistentes, cifra acorde a la nota de prensa de Casa Real. Esta consideración sobre el interés público de la información es posible debido al apartado 3 del artículo 15 de la Ley de Transparencia, que establece que cuando la información solicitada no contiene datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirige la solicitud debe ponderar –y razonar– el interés público de la información y el derecho de aquellos cuyos datos aparezcan en la información solicitada.

Sin embargo, la clave para no desgranar la relación de los asistentes la da el Consejo de Transparencia en los fundamentos jurídicos de su resolución. Concretamente, el CTBG menciona el artículo 2 de la ley, que fija las entidades obligadas a responder al derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Dicho punto de la norma acota la responsabilidad de la Casa Real a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. Por lo que sí podemos saber el coste del cóctel, ya que se trata de un acto de disposición de dinero procedente del erario público, según confirma el CTBG, pero no quién participó en dicha recepción real, ya que está fuera del concepto de actividades sujetas a Derecho Público –un límite impuesto por decisión del legislador, recalca el Consejo en su escrito.

¿Qué comprenden las actividades sujetas a Derecho Público?

El Consejo de Transparencia se apoya en la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para definir qué actividades están sujetas a Derecho Público. Según la norma, el concepto comprende los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial. Por tanto, según recoge el CTBG, dentro de dicha consideración se entienden incluidos los actos de gestión presupuestaria, como el coste del cóctel del 12 de octubre, que ascendió a 27.720€, entre catering y personal.

Debido a la limitación establecida por la Ley de Transparencia con el concepto de actividades sujetas a Derecho Público, quedan excluidas el resto de informaciones que vayan más allá de la información presupuestaria, administrativa y de recursos humanos relativas, en este caso, a la Casa Real. Además, el Consejo de Transparencia añade que la respuesta genérica cumple con el espíritu de la norma y respalda así la respuesta del Gobierno. En consecuencia, la identidad de las personas invitadas por los reyes –un acto meramente protocolario, según el Gobierno– queda fuera de la fiscalización de la Ley de Transparencia. Es decir, podemos saber cuánto se gastó en el cóctel, pero no quiénes disfrutaron del mismo.

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La negativa de las instituciones a responder por correo electrónico condena al cierre a la web Tu Derecho a Saber

Escrito el 10 de diciembre de 2015 por admin

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El portal pro-transparencia Tu Derecho a Saber nació a finales de 2011 para facilitar que cualquier persona pudiera enviar solicitudes de información a cualquier institución pública española. Aunque el derecho a acceder a información pública aún no estaba reconocido por ley, entonces ya era una demanda social inaplazable, así que Access Info Europe y la Fundación Civio, con muchísima ayuda y colaboración, nos unimos para empezar a extenderlo.

Con Tu Derecho a Saber tratábamos de atajar varios factores que dificultaban el proceso de pedir información a las instituciones: una persona cualquiera, al no conocer las solicitudes de otras, podía no saber bien qué cuestiones podría preguntar, o cómo hacerlo, o cuál era el organismo adecuado. O podría no tener los datos de contacto de la persona responsable en este organismo, o no saber si el plazo de respuesta ha expirado y cómo reclamar. Como hacer todo esto uno mismo, en privado, podía resultar desmoralizante y generaba indefensión, Tu Derecho a Saber estaba específicamente diseñada para reducir esa brecha entre las administraciones y la sociedad. La web contenía los datos de contacto de cada organismo y enviaba la solicitud por correo electrónico. Después, tanto las solicitudes de información como las posibles respuestas quedaban abiertas al conocimiento público.

Desde marzo de 2012, Tu Derecho a Saber ha canalizado más de 1.800 solicitudes de información, poniendo unos 900 organismos y administraciones públicas al alcance de un solo click. También ha sido el eje de la labor de control y monitorización que tanto Civio como Access Info Europe hemos realizado sobre la transparencia de las instituciones cuando no existía ningún otro medio para obtener datos. La información recabada gracias esta plataforma (un silencio administrativo del 54% en 2012; del 57% en 2013; del 42% en 2014) ha sacado la luz la verdadera cara de las instituciones a la hora de responder a los ciudadanos. 385.000 usuarios únicos han consultado la plataforma en este tiempo, y muchos miles más han conocido los entresijos de la tramitación de la Ley de Transparencia, sus limitaciones y las de su implementación a través del blog de Tu Derecho a Saber.

Un muro administrativo y técnico entre la administración y el ciudadano

El 10 de diciembre de 2014, el mismo día de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, paradójicamente, comenzaron las dificultades para Tu Derecho a Saber. Las dos organizaciones responsables lo supimos en cuanto tuvimos acceso por primera vez al Portal de Transparencia (un día después que la prensa, dicho sea de paso): “Se cumplieron los peores pronósticos. Los obstáculos para ejercer nuestro derecho a solicitar y recibir información son más y más férreos de lo que esperábamos”. El Gobierno, al desestimar el correo electrónico (el canal más sencillo, ágil y accesible para solicitar información), había optado por colocar una barrera administrativa y técnica que sigue siendo infranqueable para muchos ciudadanos: la exigencia de identificarse mediante un certificado digital, un DNI electrónico o mediante una clave personal obtenida a través del móvil.

Al quedar relegadas las comunicaciones por correo electrónico, y ante la imposibilidad de adaptar técnicamente la plataforma para franquear esta barrera, nos hicimos una pregunta obvia, la misma que los usuarios de la plataforma: si seguimos enviando solicitudes de información desde Tu Derecho a Saber a los poderes públicos, ¿nos responderán?

Tu Derecho a Saber ha seguido cumpliendo su función durante 2015 ya que algunos organismos nacionales (reguladores, embajadas, delegaciones del Gobierno), autonómicos y locales seguían admitiendo solicitudes de información vía email. Lamentablemente, en estos últimos meses, cada vez menos lo hacen. Alegando que el email no es la vía establecida para preguntar a la administración, son mayoría los organismos que deniegan la respuesta. A medida que las instituciones se adaptaban a sus nuevas obligaciones de transparencia, la identificación electrónica y los formularios propios se han consolidado como el ‘peaje a pagar’ por el ciudadano, en detrimento del correo electrónico.

Intentando, en balde, revertir la situación

Para sortear estas barreras, desde febrero de 2015 hemos estado canalizando manualmente desde Tu Derecho a Saber al Portal de Transparencia todas las preguntas a la Administración General del Estado (AGE), y haciéndolas públicas en la plataforma, como hasta entonces. Un trabajo y un esfuerzo ingente al que cada día hemos dedicado varias horas de trabajo. En total, hemos hecho llegar a las instituciones 146 solicitudes de información de otras personas usando nuestro propio certificado, en una medida que debía ser temporal.

En paralelo, de nada sirvió que el Consejo General del Poder Judicial rechazara exigir a los solicitantes de información que se identifiquen, por respeto a los estándares internacionales (“priman las obligaciones de transparencia de los poderes públicos frente a cualquier requisito impuesto al ciudadano”) y accediera a responder por correo electrónico. Tampoco ha servido recordar que este sistema había ocasionado problemas en la declaración del IVA, o elevar la queja a la Defensora del Pueblo, a los medios de comunicación (como en este y este caso), al Consejo de Transparencia y al propio Ministerio de Presidencia, a través de las recomendaciones al reglamento de la ley que hemos formulado tanto Civio como Access Info Europe.

Por todos estos motivos, hemos decidido cerrar indefinidamente la web de Tu Derecho a Saber.

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Miembros de Access Info Europe y de Civio, de duelo

¿Y ahora?

Hoy, el día en que las obligaciones de transparencia entran en vigor para entes autonómicos y locales, la web de Tu Derecho a Saber pasa a negro. Las más de 1.800 solicitudes (y las respuestas recibidas) no se perderán, solo dejan de estar disponibles por unos días. La plataforma de envío se cierra, pero el proyecto no termina aquí. El blog de Tu Derecho a Saber, que se ha convertido en la fuente de referencia sobre el Acceso a la Información en España, seguirá activo y en él os seguiremos informando sobre la implementación de la Ley de Transparencia en las distintas administraciones.

A lo largo del próximo año, tanto Access Info Europe como Civio vamos a presionar más si cabe para que se simplifique el procedimiento de solicitar información a cualquier institución con un objetivo de máximos: que se permita preguntar y responder por correo electrónico. Lograrlo supondría un avance extraordinario para el Derecho de Acceso, el alineamiento con los estándares que aplican otros países y, además, una oportunidad para reflotar Tu Derecho a Saber. Por eso, seguiremos colaborando activamente con todas las instituciones para lograr juntos una mejor implementación del Derecho de Acceso a la información pública. Entre tanto, te animamos a permanecer atento a través de nuestros canales sociales (en Twitter y Facebook), del boletín y del blog.

Muchas administraciones afirman (y más que lo harán) que ya son transparentes. Solo tú, pidiendo información al amparo de la Ley de Transparencia, puedes comprobar si eso es cierto. Nosotros lo tenemos claro: solo existe transparencia si recibes la información que solicitas. Por eso está en tu mano iniciar este camino. El derecho a saber comienza con el deber de preguntar.

Gracias por hacer esto posible

A los patrocinadores, micro-financiadores, entidades colaboradoras y a todos los que hicieron posible o participaron en la creación y madurez de este proyecto.

A MySociety y toda la comunidad de organizaciones que gestionan portales pro-transparencia basados en Alaveteli, como Tu Derecho a Saber. Con su esfuerzo, han canalizado cerca de 315.000 solicitudes de información en más de 25 países. Compartir problemas y soluciones resulta imprescindible para continuar avanzando.

A las organizaciones, movimientos sociales y particulares que han usado la web para iniciar sus propias campañas de acceso a la información, ya sea sobre las subvenciones a eventos taurinos, el coste de los portales de datos abiertos, los gastos de cada ministerio en asesores, los informes tras la privatización del Canal de Isabel II, los protocolos policiales en manifestaciones, la financiación de los partidos o los documentos sobre el supuesto impacto de EuroVegas.

Y, muy especialmente, gracias a los usuarios de Tu Derecho a Saber. Ellos han lidiado contra un muro de la opacidad y el silencio administrativo. Cada una de vuestras preguntas a un organismo público es un granito de arena que sirve para demostrar que la transparencia es importante para nosotros. Muy importante. Sois un ejemplo para todos.

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Transparencia de estafeta y matasellos

Escrito el 03 de septiembre de 2015 por Miguel Ángel Gavilanes

Sello del centenario del Pony Express, el servicio postal de EEUU del siglo XIX previo al desarrollo del telégrafo. Fuente: wikipedia.org

El Pony Express, servicio de mensajería creado en 1860, consiguió reducir a 10 días el correo postal entre St. Joseph (Missouri) y Sacramento (California) gracias al uso de caballos. Año y medio después de su consolidación, la innovación del telégrafo terminó con este método de comunicación. Fuente: wikipedia.org

El Gobierno de la Comunidad de Madrid esquiva las respuestas directas a solicitudes de información pública. Al efecto disuasorio del “acuda a otra ventanilla” se le añade el silencio administrativo y el requisito de enviar un escrito, con motivación e identificación, por correo postal, para atender al ciudadano. El pasado mes de agosto, con una composición de Gobierno renovada, el Centro de Información Telemática de la Consejería de Sanidad volvió a requerir el envío de una carta para considerar si otorgaba el acceso a una información pública.

Por su parte, y pocos días después de su toma de posesión como Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos afirmó con énfasis en una entrevista en Onda Madrid que el nuevo Gobierno de Cristina Cifuentes iba “a luchar por la transparencia que desde hace años pedimos los ciudadanos”. A tenor de las respuestas ofrecidas mediante correo electrónico, pareciera que los ciudadanos piden transparencia de estafeta y matasellos.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo reconoció el efecto disuasorio de los mecanismos complejos y largos que actualmente son necesarios para solicitar una información, tras una queja sobre el Portal de Transparencia y su proceso de registro e identificación presentada por Access Info.

Todo es cuestión de voluntad, más allá de limitaciones legales. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acepta solicitudes enviadas por correo electrónico –incluso acepta las remitidas de forma anónima-. Así lo anunció el día que se publicó la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Además de garantizar el acceso a la información pública como “derecho fundamental de carácter universal”, el CGPJ añadió que priman las obligaciones de transparencia de los poderes públicos frente a cualquier requisito impuesto al ciudadano que solicita el acceso.

En aquella entrevista como recién nombrado consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos aseveró: “El norte de nuestra presidenta es la trasparencia total y absoluta”. Toca esperar al cartero para ver si reciben un astrolabio, una brújula o un GPS para encontrar su rumbo.

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La reforma de la Ley de Contratos del Sector Público no será aprobada en esta legislatura

Escrito el 28 de julio de 2015 por Eva Belmonte

Fuente: congreso.es

Dos operarios retiran las protecciones de una de las estatuas que presiden la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados. Fuente: congreso.es



La reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, fruto de la transposición de una directiva europea de 2014, en la actualidad en trámite parlamentario, no será aprobada en esta legislatura. Así lo afirma el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tras una pregunta sobre su tramitación remitida a través de Tuderechoasaber.es.

En concreto, aunque aseguran que se cumplirá el plazo marcado por la UE, afirman que el proceso parlamentario “previsiblemente no finalizará antes del año 2016”. Así, serán Las Cortes que se formen tras las próximas elecciones generales las encargadas de tramitar y aprobar esta norma esencial.

La directiva europea, aprobada en marzo de 2014, marca su aplicación por parte de los estados miembros con una fecha límite, el 18 de abril de 2016. Una de las modificaciones que incluye esta norma, aun en borrador, eliminará la posibilidad de utilizar el procedimiento negociado en los supuestos de precio (valores inferiores a ciertos umbrales).

Por su parte, el 60% de los contratos de los ministerios en los últimos dos años se adjudicaron vía negociado, la gran mayoría sin publicidad. A este respecto, la actual Ley de Contratos del Sector Público es clara: “La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido”.

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Las solicitudes de indultos se disparan

Escrito el 16 de julio de 2015 por Eva Belmonte

Progresión de las peticiones de indulto en los últimos años.

Progresión de las peticiones de indulto en los últimos años.

La clemencia no es un término absoluto, sino relativo. No solo importa cuál es el número de indultos que aparecen en el BOE, sino también de entre cuántas solicitudes esas y solo esas personas fueron las elegidas. Hasta ahora, gracias a la extracción de datos del boletín oficial, hemos podido escarbar entre toda la información disponible para descubrir totales por año, por Gobierno y por delito, o incluso porcentajes de perdonados sobre condenados y cuáles han sido las medidas de gracia más veloces. Ahora, gracias a una solicitud de información realizada a través de Tu Derecho a Saber, podemos ir un paso más allá y saber cuántas personas pidieron un indulto entre 2010 y 2014.

Los datos muestran una evolución creciente del número de solicitudes al Ministerio de Justicia (no incluyen, por parto, la información de las peticiones a Defensa), que pasan de 5.400 en 2010 a más de 7.800 en 2014. La subida más importante es de 2010 a 2011, un salto de más de 1.500 peticiones.

En paralelo, las concesiones de indultos también crecieron hasta 2012 pero, a partir de entonces, empezaron a bajar. La popularidad de la medida la hizo más conocida para los posibles solicitantes y, a la vez, menos popular para los gobiernos que la usaban, envueltos en decenas de medidas de gracia polémicas.

Dado que el tiempo entre la condena y la concesión de un indulto no es fija (la mediana es de más de dos años y medio), sería un error afirmar que un tanto por cierto de las solicitudes de un año fueron aceptadas, porque podrían concederse durante el siguiente año. O el otro. Pero nos permite establecer una ratio aproximada que muestre tendencias en la clemencia de los distintos gobiernos. Así, habríamos pasado de un 7,45% en 2010 a un 0,91% en 2014. Esto es: la distancia entre el número de solicitudes y el número de indultos se ha agrandado de forma considerable.

Más posibilidades si eres mujer

Hay menos condenadas mujeres, menos solicitantes y menos indultadas que hombres. Hasta aquí todo parece encajar. Pero en términos relativos todo cambia. Si con el análisis de condenas y medidas de gracia de El Indultómetro demostramos que era más fácil ser indultada -en porcentaje- en el caso de ser mujer, gracias a estos nuevos datos podemos saber que la relación con las solicitudes muestra la misma tendencia.

La ratio de todos estos años de mujeres va de 13,50 a 2,12% y el de hombres de 6,70 a 0,77%. Esto es, las mujeres solicitantes de indulto tuvieron mucha más suerte que los hombres.

 

[ARTÍCULO PUBLICADO ORIGINALMENTE EN ELINDULTÓMETRO.ES DE CIVIO]

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400 millones de desvío ‘sin tipificar’ en el Ministerio de Defensa

Escrito el 07 de julio de 2015 por Eva Belmonte

El ministro de Defensa asiste a una misión conjunta con el ejército sirio en 2014. Foto: mde.es

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, en unas maniobras del Ejército del Aire en 2014. Foto: mde.es

El BOE recoge hoy la ejecución presupuestaria a 31 de mayo. Una vez más, la diferencia más destacada entre lo presupuestado y lo gastado proviene del Ministerio de Defensa. En concreto, los 5.768 millones de euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado ya se han convertido en 7.368 millones. Eso es: el desvío suma a estas alturas de año 1.600 millones de euros.

Esta tradición de engorde, que se mantiene año tras año  y siempre supera los mil millones de euros, se debe en buena parte a los también tradicionales créditos extraordinarios que, cada año, inyectan una cantidad extra, que suele rozar los 800 millones, destinada al pago de Programas Especiales de Armamento (PEA’s).
 

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El Gobierno afirma que el silencio administrativo no supera el 1% en los últimos meses

Escrito el 03 de junio de 2015 por Victoria Anderica

Desde que Access Info Europe empezó a monitorear en 2005 el nivel de respuesta de las instituciones públicas españolas a las solicitudes de acceso a la información hasta el último informe de Tuderechoasaber.es en 2014, la falta de respuesta ha sido la tónica dominante: cerca de una de cada dos solicitudes de información ha obtenido la callada por respuesta. Eso es lo que implica el silencio administrativo, que si pasado el plazo que indica la ley para un procedimiento administrativo, de un mes en el caso de solicitudes de información, ésta se considera denegada.

El silencio administrativo de las instituciones resulta una mala práctica, algo contrario a los principios básicos del derecho de acceso a la información, y un ejemplo de opacidad que las dos organizaciones que impulsamos Tuderechoasaber.es denunciamos a menudo. Para poder vigilar mejor cómo se está aplicando la Ley de Transparencia, hemos preguntado recientemente al Gobierno cuál es el nivel de silencio administrativo registrado a lo largo de los últimos meses. La contestación ha sido que, “a día 4 de mayo, se ha dado respuesta expresa a 1.654 solicitudes de acceso a la información, 186 solicitudes están en trámite y 16 no han sido respondidas en el plazo de un mes establecido en la norma, por lo que técnicamente estarían en silencio”. Es decir que, según el Gobierno, a esa fecha, solo un 1% de las solicitudes que habían llegado a las instituciones públicas no han sido contestadas en plazo.

Con estos datos, sería una gran noticia y reflejaría una buena implementación del derecho de acceso a la información, aunque eso no significa que el resto de solicitudes hayan sido contestadas positivamente, aportando exactamente la información solicitada. Las dudas surgen porque el sistema adoptado para tramitar las solicitudes puede llevar a engaño y dilatar el plazo de respuesta de una forma arbitraria.

Como ya hemos informado, desde hace pocas semanas hemos apreciado que el solicitante recibe dos notificaciones cuando inicia el proceso de pedir información: un acuse de recibo el día en el que realiza la petición, y otro cuando ésta llega a la persona competente para responder. Es un matiz muy importante porque el mes de plazo que tienen las administraciones para contestar comienza a partir del segundo acuse de recibo, no a partir del momento en que se envía la solicitud. Y el segundo acuse de recibo, el que cuenta, no se ha introducido hasta muy recientemente.

La ley indica que el plazo empieza a contar a partir de la recepción de la pregunta por el “órgano competente para resolver”. Sin embargo, como eso no se recuerda claramente a lo largo del proceso, y tampoco se establece un tiempo máximo de garantía entre que se realiza la solicitud y ésta llega al órgano competente, podemos acabar encontrándonos con preguntas que se resuelven a los dos meses.

El problema reside en la arbitrariedad extra que añade el hecho de que ese lapso de más no esté delimitado. Desde la Oficina de la Transparencia nos aseguran que están trabajando para no dejar solicitudes en el limbo y que el proceso sea eficiente.

Creemos que esta situación debería ser clarificada en el propio reglamento de aplicación de la ley que, tras cinco meses de vigencia de la misma, aún no se ha hecho público. Un reglamento que debe poner coto a esta y otras arbitrariedades. Por eso vamos a seguir estando atentos a la implementación de la norma y pedimos acceso a las estadísticas básicas de aplicación de la ley. Y mientras, seguimos a la espera de conocer de una vez por todas ese reglamento pendiente.

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Unas semanas después de la respuesta del Gobierno, la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio de Presidencia ha actualizado los datos acumulados de visitas y solicitudes recibidas en el portal de transparencia desde el 10 de diciembre de 2014.  Según estos datos, el portal ha recibido “más de tres millones de páginas vistas y más de 2.000 solicitudes de acceso a la información”. Sobre la clasificación del estado la solicitudes como “revisar”, “firmar”, “notificar”, “finalizado”, “archivado” y “aceptada la competencia”, nos genera dudas y en las próximas semanas vamos a pedir información para clarificar el significado preciso de esta nomenclatura.

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Mutis de los partidos políticos sobre su previsión de gastos electorales

Escrito el 27 de mayo de 2015 por Miguel Ángel Gavilanes

 

Una mujer elige la papeleta de uno de los partidos que concurrieron a las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. Foto de Jordi Boixareu.

Una mujer elige la papeleta de uno de los partidos que concurrieron a las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. Foto de Jordi Boixareu.

Adalides de la transparencia mientras piden el voto; pudorosos a mostrar su presupuesto para la campaña, y por ende, sus expectativas ante la cita electoral. Los partidos funcionan a crédito en las elecciones: sin votos no hay reembolso de sus pagos. Sin un presupuesto claro y público es complicado anticipar cuánto dinero reclamarán a las arcas públicas por sus actos de campaña, aunque ello desvele la confianza puesta en su resultados.

El Gobierno incluyó in extremis a los partidos políticos en la redacción final de la Ley de Transparencia. Todo ello después de que Civio y Access Info, responsables de Tuderechoasaber.es, y apoyados por 180.804 firmantes, exigieran a Vicepresidencia de Moncloa que la futura norma contuviera a las formaciones políticas, sus fundaciones y a los sindicatos. Sin embargo, están liberados de responder a peticiones de información. La norma sólo les obliga a “la publicación periódica de información relevante” para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. Esta publicidad activa debe recoger, entre otros asuntos, sus presupuestos completos para las elecciones.

Antes del arranque de campaña, y mediante una petición de información, 10 formaciones políticas fueron instadas a que publicasen su presupuesto desglosado, con su previsión de gastos para la pasada campaña electoral –excepto a CiU y ERC, a los que se preguntó por su campaña para el Parlament de Catalunya. El resultado: tan sólo Podemos dio parte de la información solicitada. Algunos de los partidos que recibieron el máximo reconocimiento en algunos rankings por su supuesta transparencia, como PSOE y Ciudadanos, dieron por callada la respuesta con acuse de recibo mediante.

Podemos, presente en las elecciones autonómicas–y compañero de coaliciones en algunas agrupaciones de confluencia de izquierdas en las municipales–, respondía antes del inicio de la campaña que adaptaban sus pagos y previsiones en función de las aportaciones de particulares. Por ello, pedían esperar al cierre de sus microcréditos –que no descartaban mantener hasta el último día– para dar a conocer la cifra final que fue de 1.563.100€, según su página web. Una planificación improvisada e “inusual”, según reconocen en su respuesta.

La solicitud de información también pedía una relación de empresas, asociaciones y fundaciones donantes y el monto total de la aportación. La nueva formación afirmó que no recibieron donativos de organizaciones.

Publicidad activa y calidad de los datos

Los partidos están exentos de responder a preguntas de los ciudadanos, pero están obligados a publicar, en particular, sus presupuestos para las elecciones. No obstante, los partidos publicaron de forma dispar –si es que llegaron a hacerlo– los datos relativos a los gastos electorales del 24-M. El más refinado fue ERC, que publicó su presupuesto de campaña entregado a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Algo menos descriptiva es la previsión de Ciudadanos, que divide su presupuesto para esta cita electoral de mayo en cuatro grandes partidas: Municipales (500.000€), autonómicas en Madrid (300.000€) y en Valencia (150.000€) y resto de autonomías (300.000€). Además prevén recuperar la totalidad de lo invertido “dadas las previsiones electorales”, según este documento publicado por la formación naranja.

Más laxo es el Partido Socialista, que divulgó en su portal de transparencia que su límite legal de gasto sería de 18.713.805€, y argumenta que su dirección aprobó un presupuesto de campaña “notablemente inferior a dicha cantidad”.

La falta de información es común entre UPyD, sin datos específicos a esta cita en su página oficial (ofrecen los de las elecciones al parlamento andaluz); Convergència i Unió, que contiene la rendición de cuentas de los comicios anteriores; Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco e Izquierda Unida. Estos tres últimos no anuncian nada al respecto en sus sitios oficiales.

Con los resultados aún calientes de las elecciones locales y autonómicas –sin contar con Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco–, no sabemos cuánto previeron gastar la mayoría de partidos, ni en qué conceptos. Desconocemos, hasta que se publique la fiscalización del Tribunal de Cuentas, cuánto han gastado realmente, un dinero que será reembolsado mediante fondos públicos y que no cuenta con presupuestos detallados compartidos con la ciudadanía. El Tribunal de Cuentas ya señaló, a posteriori, gastos injustificados de los partidos o pagos de naturaleza no electoral, como bocadillos y bebidas, en su informe de fiscalización de las anteriores elecciones municipales de 2011.

Excepto Podemos, que sí ofreció la información de la que disponía y la federación socialista en el País Vasco, que remitía a su Comisión Ejecutiva Federal, partidos emergentes y veteranos no respondieron a una petición de información, como Convergència y Unió, Izquierda Unida, Partido Popular, UPyD, PNV, Ciudadanos y PSOE.

Mención especial merece Esquerra Republicana. La petición de información les solicitaba un documento disponible en su página web; no enviar al menos el enlace para su descarga muestra desgana. Contestar hubiese sido la guinda perfecta a su loable ejercicio de transparencia. Con la ley en la mano, los partidos no están sujetos a responder preguntas de los ciudadanos, pero es cuestión de voluntad política. O al menos, de falta de desidia.

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Informe Tuderechoasaber 2014: las instituciones reducen su uso del silencio administrativo, pero sigue siendo mayoritario

Escrito el 21 de abril de 2015 por admin

En 2014, el año de plazo que las administraciones públicas han tenido para adaptarse a sus nuevas obligaciones de transparencia, las instituciones españolas recurrieron en menos ocasiones que en 2013 al silencio administrativo para eludir dar respuesta a las peticiones de información los ciudadanos. Del total de solicitudes realizadas durante 2014 mediante Tuderechoasaber.es, la primera web que simplifica este proceso en España, un 42,7% recibieron la callada por respuesta. O, lo que es lo mismo, 134 de las 314 solicitudes enviadas. En 2013, el silencio superó el 57%. Así lo revela el Informe de Tuderechoasaber 2014, que hoy publican la Fundación Ciudadana Civio y Access Info Europe, las dos organizaciones responsables de esta iniciativa.

Este informe se basa en el análisis de 314 peticiones de información enviadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, tres semanas después de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia para la Administración General del Estado. La mejoría no solo se deja notar en la reducción del silencio administrativo, sino también en el porcentaje de respuestas satisfactorias, aquellas en las que un organismo proporciona exactamente la información solicitada. Son el 18,5% de las solicitudes registradas, una cifra aún muy baja pero que mejora casi cinco puntos con respecto al año anterior.

Entre las excusas más habituales para no dar una respuesta adecuada se encuentra el clásico “eso es en otra ventanilla” –no posee la información (13,4%)-; las contestaciones parciales –incompletas (6,4%)-; aquellos que responden una cosa distinta a la preguntada –inadecuadas (6,1%)-; los que se niegan a dar la información –rechazadas (5,4%)-; los que remiten a un formulario (4,5%); y un pequeño porcentaje (3,2%) de solicitudes incorrectas, aquellas que utilizan Tuderechoasaber.es, por ejemplo, para enviar quejas o peticiones de índole personal.

 

Relevante mejoría de las entidades locales

Aunque la Ley de Transparencia no estaba en vigor cuando se hicieron estas solicitudes para las entidades locales (tienen de plazo hasta diciembre de 2015), son estas las que han provocado, en buena parte, la mejora en los resultados. De hecho, han reducido su silencio administrativo de una forma sustancial: del 81,3% al 54,4%. En cambio, las entidades nacionales, como ministerios y Presidencia del Gobierno, mantienen altas cifras de silencio administrativo, que como en 2013 ronda el 47%.

 

“Es pronto para saber cómo afecta la Ley de Transparencia a las solicitudes de información puesto que, a efectos de este informe, solo ha estado en marcha durante las tres últimas semanas de 2014, y los mecanismos que deben velar por su cumplimiento han arrancado con muchos retrasos”, explica Eva Belmonte, responsable de proyectos de Civio. “Podremos conocer y evaluar mejor los resultados más adelante. Mientras tanto, con Tuderechoasaber.es seguiremos facilitando la labor de solicitar información a aquellos que encuentran demasiados obstáculos en el Portal de Transparencia”.

“Debemos recordar que la ley permite presentar una solicitud a través de cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante y una forma de contacto a efectos de notificaciones”, añade Victoria Anderica, responsable de campañas de Access Info Europe. “A pesar de ello, el Ministerio de Presidencia sigue apostando por un portal que pone trabas a un acceso ágil a la información pública al restringir los medios por los que atender a la población. Incluso el Defensor del Pueblo reconoce que su complejidad puede tener un efecto disuasorio sobre el derecho de acceso a la información”.

Los organismos que más solicitudes reciben

Los organismos públicos más preguntados en Tuderechoasaber.es por los ciudadanos durante 2014 han sido los ministerios de Interior, Hacienda y Sanidad. Sanidad aprueba, aportando al menos algún tipo de respuesta a 15 de 17 solicitudes. Una cifra muy superior a la de Hacienda, que hasta en seis ocasiones aseguró no poseer la información solicitada, en dos ocasiones ofreció una respuesta inadecuada y en otras dos, remitió a un formulario. Un año más, el Ministerio del Interior hace pleno: 17 silencios administrativos para 17 solicitudes de información.

Para encontrar un pleno de respuestas satisfactorias tenemos que acudir a la Junta de Castilla y León. Con siete preguntas, todas ellas con respuesta satisfactoria, esta institución fue la que más solicitudes de información recibió a nivel autonómico durante el año pasado, lo que demuestra que las buenas prácticas animan a los ciudadanos a ejercer su derecho.

Los organismos que gestionan la sanidad en Madrid también están entre los que mayor interés despertaron. La Consejería de Sanidad y la Dirección General de Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid registraron un total de 11 solicitudes de información, aunque solo dos fueron resueltas de forma satisfactoria. A nivel local, los vecinos de Sangüesa (Navarra) fueron los más participativos en Tuderechoasaber.es, aunque el ayuntamiento no les correspondió: de seis solicitudes, cinco nunca obtuvieron respuesta). Otros pueblos y ciudades que destacan por el número de solicitudes recibidas fueron Sant Feliu de Llobregat (una satisfactoria de cinco), Ávila (cuatro preguntas, ninguna respuesta), Barcelona (tres de tres desatendidas), Lleida (de tres remitidas, una de ellas respondida de forma parcial) o Madrid (que derivó a los ciudadanos a su formulario).

O, si lo prefieres, puedes descargarte la versión completa del informe en PDF.

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Seguimiento de solicitudes denegadas en el Portal de Transparencia – Iniciativa de ElConfidencial.LAB, Access Info Europe y Civio

El Portal de Transparencia del Gobierno está en marcha desde diciembre de 2014, y desde entonces muchos usuarios ya han recibido denegaciones de información.

Para conocer mejor cómo están respondiendo las instituciones y qué motivos concretos esgrimen para justificar la denegación, El ConfidencialAccess Info Europe y Civio facilitamos desde ahora un formulario abierto donde te animamos a compartir tu caso:

Formulario sobre denegaciones de
acceso a la información

Si participas, te pediremos que compartas:

  • La fecha en que hiciste la solicitud
  • Su estado (si la denegación es total o parcial)
  • A qué organismo iba dirigida
  • Cuál era exactamente la información que solicitabas
  • El artículo que, según la respuesta, justifica la inadmisión de tu solicitud

Usaremos esta información para poder hacer un mejor seguimiento de cómo responden las administraciones, y te mantendremos informado de los siguientes pasos que demos.

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