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Desde el primer día, el propósito de Tuderechoasaber.es (así como de Access Info Europe y de la Fundación Civio) ha sido tratar de facilitar, infundir curiosidad y propagar la práctica de solicitar información a cualquier ciudadano, no solo a los profesionales de información. Aquí va un ejemplo. No obstante, necesitamos unos medios de comunicación conscientes de la importancia de contar con una buena Ley de Transparencia y de un derecho de acceso a la información plenamente reconocido y garantizado. Y, quizá, menos distraídos por el tira y afloja y las declaraciones partidistas e interesadas que están acompañando a la tramitación del texto.

El derecho de acceso a la información pública, con leyes que de verdad lo protegen, es un filón de noticias para los medios de comunicación en otros países. No hay más enigma: a más clara, específica y ambiciosa la norma, mayor es el deber de la administración de sacar los datos de su alforja, y mayores las salvaguardas para que tenga que cumplirlo. Para el reportero, eso le hace menos dependiente de filtraciones y más inquisitivo en la práctica periodística. No es la panacea –nada menos cierto-, pero conozcamos algunos ejemplos de cómo utilizan los periodistas en otros países las normas de acceso a la información, cuál es potencial informativo atesoran las solicitudes de información, qué dificultades hallan al incorporar esta práctica a su rutina y hasta dónde pueden llegar conducir una investigación periodística.

Martin Rosenbaum es un corresponsal político de la BBC muy particular. A veces, apostilla los artículos de sus compañeros con un breve despiece, explicando el contexto en que se obtuvo la información. Rosembaum es el especialista de este medio en acceso a la información, y se dedica específicamente a “extraer petróleo” de la Ley de Acceso a la Información británica en un contexto periodístico. En su columna señala las dificultades que encaran los solicitantes de información y revela desde dentro cómo la BBC se sirve de esta ley para sacar a la luz numerosas exclusivas. Por ejemplo, esta historia sobre el número de agentes jóvenes de policía en Inglaterra y Gales, que se ha reducido a la mitad en tan solo dos años. Y además asesora a otros periodistas de la corporación a sacar el máximo partido de su derecho de acceso a la información.

Pero, ¿por qué iban los periodistas británicos a requerir asesoramiento para solicitar información a las instituciones?

Hay muchas razones. El periodista choca frecuentemente con las administraciones y con sus ocasionales incumplimentos del deber de suministrar datos. La queja de Perry Austin-Clarke, editor del Bradford Telegraph y de Argus es, por ejemplo, que cuando una institución recibe una solicitud, apura frecuentemente el plazo máximo de respuesta que otorga la ley (20 días en Reino Unido) para pedir a última hora “aclaraciones” sobre algún detalle menor o irrelevante de la solicitud. Así, se re-establece de nuevo el plazo a otros 20 días que tienen para responder. Frente a eso, Austin-Clarke sugiere reducir por norma el plazo para solicitar aclaraciones, y evitar así este abuso.

Otro redactor, Lionel Braber –Financial Times-, opina que a los periodistas se les trata de forma diferente a cualquier otro ciudadano cuando apelan a la Ley de Acceso a la Información: sus peticiones se desvían a los gabinetes de prensa institucionales, más ocupados por la gestión de la propia reputación que por facilitar los datos en cumplimiento de la ley. Estos y otros muchos comentarios de periodistas británicos sobre su experiencia con la FOI (Freedom of Information) Act están recogidos en este documento de 500 páginas que publica el Comité de Justicia del Parlamento británico. La mayoría de las quejas se refieren a retrasos, cuando no a obstrucciones. Algunos denuncian que las instituciones se aprovechan con frecuencia de las excepciones de la ley para cerrarse en banda. Excepciones que, en el caso de la futura Ley de Transparencia de España, exceden por mucho los estándares internacionales.

“Las solicitudes de acceso a la información generan más de 200 historias al mes en los periódicos británicos. En los tres primeros años de su entrada en vigor se realizaron más de 500.000 peticiones, y en el 60% de los casos la información fue completamente revelada”. Lo explica Request Initiative, una organización británica sin ánimo de lucro que ayuda a otras ONGs a utilizar la ley de acceso a la información en sus campañas, mientras además asesora a periodistas e investigadores a hacer mejor uso de las normas de acceso a la información medioambiental y de protección de datos. En su patronato destacan tanto activistas por la transparencia –como Helen Darbishire, directora de Access Info Europe- como periodistas de investigación como Nick Davies, que destapó el escándalo de las llamadas telefónicas interceptadas por el diario News of the World. Y en su portal recogen noticias fundadas sobre peticiones de información, como esta: “La policía metropolitana paga 360.000 libras por reventar puertas equivocadas durante sus redadas”.

Una función similar cumple también en Reino Unido FOI Directory, otro portal informativo que además presenta un repositorio de información extraída de solicitudes enviadas a través de What do they know (el portal de mySociety en el que se basa Tuderechoasaber.es) y que no han salido en los medios. Por ejemplo, ¿cuánto dinero se gasta el Departamento de Energía y Cambio Climático en contratar personal fijo a través de empresas de recursos humanos? Aquí está la petición y en Unreported FOI la desgranan y muestran los datos visualmente.

En Estados Unidos, los periodistas pueden acudir a Muckrock, un servicio fundado por profesionales de la información que, además de ayudar a redactar la solicitud, pone en marcha una comunidad colaborativa para analizar los documentos obtenidos tras una respuesta satisfactoria. En Muckrock es posible acceder a más de 115.000 páginas de información gubernamental desclasificada gracias a más de 4.800 solicitudes de información. Uno de los más activos es Tom Nash, que solicitó el 26 de agosto de 2012 al FBI todos los documentos en su mano que mencionasen al astronauta Neil Armstong, fallecido el día anterior. El proceso se demoró hasta marzo de 2013, cuando por fin llegó el dossier del FBI sobre Armstrong. En la última semana, Nash ha pedido acceso a todos los documentos de la Agencia Nacional de Seguridad (la NSA, envuelta en el escándalo de la filtración de información sobre el programa PRISM de espionaje de la telecomunicaciones) que contengan el epígrafe “talking Points” –es decir, los argumentarios oficiales- desde mayo de 2013. Un asunto con clara relevancia informativa.

Además, pronto empezará a funcionar FOIA Machine, una plataforma en desarrollo (la Knight Foundation está ayudando a su impulsor, Djordje Padejski, a ponerla en marcha) que servirá para automatizar el proceso de envío, clasificación y seguimiento de muchas solicitudes de información a distintas instituciones simultáneamente. También incorporará un proceso algorítmico para replicar fácilmente casos exitosos.

“Todos lo hemos visto, pero ahora hay pruebas: los agentes de policía encargados de velar por las normas de tráfico están entre los conductores más excesivos de las carreteras del sur de Florida”. Cuando Sally Kestin y John Maines, dos reporteros de The Sun Sentinel, invocaron la Ley de Acceso a la Información para obtener los registros de velocidad de los vehículos policiales que pasan por los peajes de pre-pago SunPass, no confiaban en obtener unos datos tan determinantes. Su investigación de tres meses reveló que 800 agentes de una docena de cuerpos habían sido captados a velocidades muy superiores a las permitidas entre dos puntos de peaje, incluso fuera de servicio. Desde 2004, el exceso de velocidad de los agentes de Florida había causado al menos 320 accidentes y 19 muertes. Sólo un agente acabó en prisión, y lo hizo durante 60 días. Todas las agencias abrieron investigaciones internas. For cops, no limit obtuvo el Pulitzer de Servicio Público en 2013.

Cuando México aprobó su Ley de Transparencia y acceso a la información en 2002, se convirtió en el primer país de América Latina que imponía obligaciones especiales al Estado para abrir información relacionada con abusos graves de los derechos humanos. Allí, tras 18 meses de investigación, David Barstow y Alejandra Xanic von Bertrab lograron demostrar cómo la cadena de supermercados Wal-Mart había estado sobornando a funcionarios mexicanos para obtener permisos, ventajas competitivas y expandirse más rápidamente por el país. “La historia fue posible gracias a la Ley de Transparencia de México”, explicó Von Bertarb tras recoger el Pulitzer 2013 en la categoría de Periodismo de Investigación-. Además, la ley insta a los funcionarios a no exigir la identidad del solicitante ni el motivo de la petición de información (en España sucede ahora esto). Para llevar a buen término la investigación, Von Bertarb realizó 800 peticiones de información a cuerpos locales, estatales y federales de la administración mexicana, y condujo unas 200 entrevistas. Y es que una buena Ley de Transparencia “crea más registros para seguir la corrupción en lugares a la vuelta de la esquina”, ha afirmado también Barstow, su compañero de investigación.

La información pública debería ser accesible para todos, no para unos pocos. A menudo, esos datos que se niegan a los ciudadanos acaban en manos de la prensa, en un claro ejemplo de cómo las administraciones no tratan a todos los ciudadanos por igual. El anteproyecto de presupuesto del Congreso de los Diputados para 2013 (que también incluye la ejecución del gasto de 2011 y las cuentas de 2012) es un caso paradigmático de esta mala praxis. En noviembre de 2012, David Cabo (director de la Fundación Civio) reclamó a la institución esas cuentas a través de Tu Derecho a Saber. Después de insistir en repetidas ocasiones, le han negado la información.

En paralelo, el desglose de gasto de la cámara sólo se ha hecho público a través de dos filtraciones a la prensa: la primera, en octubre de 2012, en eldiario.es, que desveló el coste de viajes, multas para coches oficiales y taxis, entre otras partidas. Para acompañar la información, el periódico digital publicó cuatro páginas de las 87 que contiene el documento oficial.

La segunda filtración llegó esta misma semana. La redacción de ‘El Objetivo’ de Ana Pastor (La Sexta), en el que Civio colabora, consiguió el documento completo. En el programa, que se emitió el pasado domingo, David Cabo quiso plasmar la opacidad de la cámara española comparándola con otros parlamentos como el brasileño. Y recalcó la necesidad de que esta información sea pública y accesible -en la página web del Congreso- para todos los ciudadanos.

Mientras seguimos esperando esa respuesta oficial que no llega y aunque hubiéramos preferido que fuera el Congreso quien lo hiciera en su página web, publicamos las cuentas desglosadas del Congreso de los Diputados. Porque es información que debería ser pública. Porque tenemos derecho a saber cómo se gasta nuestro dinero.

Anteproyecto del Presupuesto 2013 del Congreso by tuderechoasaber

Sólo un 13% de las solicitudes de información registradas en Tu Derecho a Saber durante 2013 recibieron una respuesta satisfactoria. Son pocas, pero llegan. Y demuestran que es posible responder a las peticiones que hacen los ciudadanos. Aunque los cauces de respuesta no han sido los maś satisfactorios, el nivel de detalle y la concreción de la respuesta colocan la pregunta de Julián Moyano al Ayuntamiento de Alfafar (Valencia) en el exquisito club de las peticiones con respuesta.

Este ciudadano quería saber el coste de la I Feria Comercial de Primavera de su municipio. De una forma muy precisa, reclamaba el detalle de cada partida y el coste asumido en la celebración por la policía local. Además, pidió información sobre posibles empresas patrocinadoras del evento. Francisco Sebastiá, Concejal de Comercio, no tardó en responderle. Eso sí, prefirió utilizar para la comunicación cauces menos habituales (Facebook) y se negó a responder de forma pública vía Tu Derecho a Saber. Pero, al menos, abrió una vía de comunicación.

Pocos días después, Julián recibió su respuesta, aunque fuera en formato papel. En ella se detalla el gasto en castillo hinchables, taburetes, puestos y hasta personajes de animación. Además, se aclara que la policía no había desplegado un dispositivo especial para la jornada y que el ayuntamiento no había recibido fondos de empresas privadas de ningún tipo. Una contestación más que completa, aunque sea analógica.

Cada decisión política que afecta a la vida pública debería ser fiscalizada a la vista de todos: ¿está basada en datos tangibles? ¿funciona? ¿cuál ha sido su resultado a posteriori? Esta premisa de la rendición de cuentas, que suele obviarse en las administraciones públicas españolas, es más importante aún si de lo que hablamos es de sanidad. Gestionar los recursos públicos sin caer en decisiones arbitrarias es una de las maneras de utilizar los datos para generar eficiencia. Pero no es la única. La apertura de los datos públicos permite fabricar información de servicio público, como la visualización sobre la diferencia de precio de los procedimientos en diferentes hospitales de Estados Unidos que acaba de publicar The New York Times o el análisis de cómo los datos pueden ayudar  a mejorar la sanidad pública que recogió The Economist.

Pero si existe un caso que demuestra que, con una buena ley de acceso mediante, el empeño de una sóla persona puede mejorar las cosas para todos, es la historia del diágnostico del ojo vago en Escocia. Su protagonista es el padre de dos niños a los que diagnosticaron esta enfermedad a los siete años y que preguntó a los diferentes sistemas de salud regionales sobre su protocolo de prevención. Gracias a las respuestas, descubrió que en todo el país las pruebas se realizaban antes de los cinco años, ya que a esas edades el tratamiento es mucho más efectivo. El padre consiguió denunciar la situación en su región y, lo que es más importante, cambiarla. Además, este caso fue el detonador para que se estableciera un plan nacional de detección del ojo vago.

Esta no es una victoria aislada. Los parientes de varios enfermos fallecidos por una infección de C difficile en el Vale of Leven Hospital escocés pidieron información sobre el número de casos y las causas de esa enfermedad, que había producido 18 fallecimientos. Los datos facilitados permitieron abrir una investigación y desvelaron falta de higiene del centro, que las enfermeras estaban demasiado ocupadas para rellenar informes por la carga de trabajo, que se había suministrado la medicina equivocada a algunos pacientes y que, en realidad, las muertes por esta infección aumentaban a 28. Este escándalo acabó en una investigación pública -la página web creada en exclusiva para el caso incluye testimonios y datos de todo el proceso- que juzgó la actuación de los responsables de una manera abierta y transparente.

Pero el caso más importante al que se enfrentó el comisionado escocés Kevin Dunion fue el que le permitió sacar a la luz miles de partes e informes de incidentes hospitalarios que habían acabado en fallecimiento o causado heridas graves a los pacientes. A raíz de la denuncia de un enfermero que quería acceder al parte de un incidente en el que había estado implicado, el equipo del comisionado buceó en los archivos de los hospitales y descubrió que muchos de esos informes estaban ocultos o, sencillamente, no se habían realizado. Tras una dura batalla legal, Dunion consiguió que esos informes se hicieran públicos y desveló cientos de negligencias médicas que no habían sido estudiadas. El caso saltó a la BBC, que realizó un reportaje para contar la historia y reclamar cientos de informes sobre incidentes en hospitales de todos los distritos de Escocia.

De hecho, la ley de acceso a la información escocesa obliga a las autoridades sanitarias regionales a responder las preguntas de los ciudadanos sobre materias tan concretas como el gasto en telefonía móvil o el equipamiento, entre muchas otras, como se puede ver en la lista de peticiones de información de uno de estos servicios sanitarios regionales.

¿Y en España? Aquí suena lejano poder contar con datos tan detallados sobre negligencias, proyectos sanitarios públicos o estadísticas médicas. De hecho, es más que complicado recibir una respuesta por parte de las autoridades sanitarias sobre algo tan concreto como el seguimiento de una huelga de profesionales sanitarios. Ni siquiera las preguntas más técnicas, como la petición de estadísticas sobre tipos de cirugía, ha recibido respuesta. La apertura de estos datos permitiría, como ha pasado en Escocia, que todos -médicos, pacientes, enfermeros, familiares…- tuviéramos la posibilidad de mejorar nuestro sistema sanitario.

I: CÓMO EVITAR EL CIERRE DE LAS ESCUELAS RURALES GRACIAS A LOS DATOS

 

II: DATOS PARA DESTAPAR EL DESPILFARRO EN LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD

 

El pasado el día 26 de abril 2013 David Cabo realizó una solicitud de información al Consejo para la transparencia de Chile (CPLT) en la que solicitaba documentos relacionados con la tramitación de la ley de transparencia en España. Cada una de sus peticiones fue contestada de forma completa y directa, tanto el nombre de los miembros del CPLT que viajaron a España; la agenda del viaje, incluyendo la lista de reuniones mantenidas con miembros del Gobierno Español; las notas, actas, etc; así como una copia del informe realizado por el CPLT sobre el borrador de Ley de Transparencia español, así como la fecha en la que fue remitido al Gobierno Español.

Resulta difícil de entender por qué al preguntar por información sobre la tramitación de la ley de transparencia española en España no obtenemos ninguna respuesta o, para mayor asombro, nos remiten constantemente a la aprobación de la futura ley. Aquí tenemos algunos ejemplos: la petición del informe jurídico sobre el acceso a la información como derecho fundamental; la pregunta sobre los criterios seguidos para la inclusión de las aportaciones ciudadanas; y los informes sobre la ley.

En el informe recibido el Consejo para la transparencia de Chile destaca algunos puntos positivos de la futura ley de transparencia española, como el hecho mismo de que exista este tipo de legislación, ya que “es esencial para promover la participación ciudadana y luchar contra la corrupción en la gestión pública” (no entra a analizar la parte de Buen Gobierno ya que no está relacionado con su ámbito competencial que es la transparencia). Además, el organismo proponía los siguientes cambios a la futura ley:

• Incorporar al proyecto un conjunto de principios que rijan específicamente el derecho de acceso a la información pública para facilitar su interpretación (como el principio de relevancia, el de libertad de información, el de apertura, el de máxima divulgación, el de divisibilidad, el de facilitación, el de no discriminación, el de oportunidad y el de gratuidad, entre otros).
• El organismo de revisión debe ser independiente, con autonomía efectiva respecto del Gobierno y potestades sancionatorias en caso de configurarse algunas de las infracciones que contemplan los artículos 45 a 47 de la Ley.
• Establecer quién será competente para revisar los recursos a las solicitudes realizadas a los organismos constitucionales, de no ser así habría campos que escaparían al control social y limitarían el derecho de acceso, que busca precisamente que no existan ni sujetos ni objetos excluidos.
• Que se defina mejor cómo se publicará la información de forma proactiva: que la información se incluya en un lugar fácilmente identificable del sitio web institucional; exigir autenticidad e integridad en la información publicada; entregar a un solo órgano la competencia de homogenizar los formatos y plantillas a publicar y de sancionar el cumplimiento de estos deberes; que la publicación se ajuste, en lo posible, al estándar que exige una política de Datos Abiertos (Open Data) para permitir la reutilización de la información; establecer cuándo se publican las obligaciones de publicidad proactiva y cuánto tiempo se mantienen publicadas. Sobre este último punto, es importante destacar, por ejemplo, que en España las declaraciones de bienes de los diputados se eliminan de la web del Congreso cuando acaba su legislatura.
• Sugieren definir el Portal de Transparencia como un sitio único que recogerá toda la información del Estado y no sólo la de la Administración General.
• Aconsejan que se defina más precisa lo que la ley considera información, incluyendo en esta definición sea cual sea “el formato o soporte en que se contenga”. Además, creen que es necesario incluir expresamente los correos electrónicos intercambiados por funcionarios en el ejercicio de funciones públicas.
• Los miembros del consejo chileno recomiendan no incluir más excepciones que los límites del artículo 11 porque eso permitiría restar del conocimiento y control público mucha información que es la base o fundamento de la toma de decisiones públicas; y, en cualquier caso, si se mantienen esos vetos, deben de poder aplicarse las pruebas de daño e interés público.
• Aconsejan que se aclara qué implica la identificación del solicitante. En el caso chileno la ley exige indicar únicamente nombre y apellidos y no reclaman acreditar su veracidad.

A día de hoy, estas propuestas de cambio no se han incorporado al redactado. Pero este no es el único caso en el que el Gobierno español ignora por completo las sugerencias de otros países u organizaciones internacionales. En 2012, la Organización de Europa por la Seguridad y la Cooperación analizó y criticó la ley española. No se conoce ninguna respuesta pública del Estado a esta misiva las sugerencias, pero el Secretario de Estado de Relación con las Cortes comentaba en unas declaraciones al El Mundo que el análisis de la OSCE “pone de manifiesto un desconocimiento, por parte de la OSCE y del profesor Eduardo Bertoni, de la realidad legislativa en España y casi todas las recomendaciones sencillamente no caben en el marco constitucional”.

 

Todos los partidos menos PP y PSOE han pedido a través de una enmienda a la totalidad que se devuelva al Gobierno el proyecto de ley de transparencia. Las razones coinciden: esta ley es insuficiente porque no reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, porque deja fuera muchas instituciones y muchos tipos de información. CIU y PNV han añadido que la norma, además, invade competencias autonómicas.

Este jueves, 30 de mayo, se debatirán en el Congreso cada una de estas enmiendas a la totalidad y el Partido Popular contestará, esperemos, a cada una de las demandas que los diferentes partidos plantean y que además coinciden con los cambios que se exigen desde la sociedad civil.

El Partido Popular está a tiempo de cambiar esta ley para que sea más garantista, transversal y, lo que es más importante, para que esté en línea con los estándares internacionales en la materia. Quedamos muy atentos al debate que tendrá lugar este jueves en el Congreso de los Diputados.

Estas son las principales razones que han llevado a todos los grupos parlamentarios excepto PP y PSOE a presentar enmiendas a la totalidad (solo hemos analizado aquellas enmiendas que piden cambios en la ley de transparencia y no aquellas que se refieren a los preceptos de buen gobierno por ser estas dos cuestiones totalmente distintas):

Considera que la norma que presenta el gobierno es muy poco ambiciosa, excluye muchas instituciones y pide que se reconozca el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental.

Pide el reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental vinculado al artículo 20 de la Constitución Española que reconoce la libertad de expresión, además de la inclusión de todos los organismos que reciban dinero público en todo su ámbito de actuación y no solo en lo que afecte a derecho administrativo y que se contemplen sanciones específicas. Consideran que la ley es insuficiente, contiene muchas carencias y contradicciones además de ser de una pobre calidad jurídica.

Exige que se reconozca el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, que se incluya a todas las instituciones públicas en todo su ámbito de actuación y no solo en lo que afecte a derecho administrativo, que no se excluya la información auxiliar, que se reconozca el silencio administrativo positivo, que se añadan sanciones específicas para el incumplimiento de las normas de transparencia y que el organismo de revisión sea independiente.

Destaca que esta ley no reconoce un derecho de acceso a la información real y pleno sino que establece las condiciones de uso en determinados ámbitos y que este derecho debería ser reconocido como un derecho fundamental. Añade que se deja fuera información de muchas instituciones que son fundamentales para entender el funcionamiento del estado.

Critica que esta ley no reconoce el carácter fundamental del derecho de acceso a la información vinculado a la libertad de expresión, que se excluyen muchas instituciones, que el listado de información que debe publicarse proactivamente es insuficiente y que no todas las instituciones públicas tienen las mismas obligaciones de transparencia. Además, señala que la definición de información es insuficiente, que el silencio administrativo debería ser positivo y que el organismo de revisión no es independiente y solo es competente para recursos a denegaciones de la Administración General del Estado.

Consideran que esta ley debe incluir a la Casa Real, partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, así como a todas las instituciones y organizaciones que se financien con dinero público. Según CiU y PNV, deberían aprobarse dos leyes distintas: la de transparencia y la de Buen Gobierno. Además, critican que la norma no concrete cada cuánto tiempo se actualizará la información que se debe publicar proactivamente ni qué es información de relevancia pública. Los dos partidos consideran que la ley establece límites demasiado genéricos y amplios y que el nivel de detalle de esta ley invade competencias de las Comunidades Autónomas.

Destaca que la ley debería cumplir con los 10 principios de la Coalición Pro Acceso y propone un texto alternativo para la ley de transparencia.

Enmiendas a la Totalidad a la Ley de Transparencia by tuderechoasaber

Nadie podría afirmar de forma tajante ahora mismo y con datos fiables sobre la mesa que la gestión privada de la sanidad es más eficiente que la pública. Ni viceversa. Por desgracia, el debate sobre el modelo sanitario en España se ha desarrollado desde las vísceras y sobre un baile de cifras sin arraigo tangible. Los organismos públicos no ofrecen datos fundados que respalden la progresiva privatización de la sanidad española y en algunos casos, incluso, muestran a la opinión pública cifras poco rigurosas cocinadas  para apoyar sus medidas.

¿Sabremos que un sistema no funciona cuando sea demasiado tarde para dar marcha atrás? Eso mismo ocurrió en Escocia. Durante años utilizaron un modelo de gestión mixta denominado Private Finance Iniciative (PFI) para la construcción y gestión de edificios públicos, como hospitales y escuelas. La mecánica era simple: una empresa construía el edificio y se encargaba de su mantenimiento durante los años que durara el acuerdo y, a cambio, cobraba un canon anual de las administraciones. Una vez terminado el plazo del contrato, el edificio pasaba a manos públicas. Tras años trabajando bajo este sistema de colaboración público-privada, muchos ciudadanos empezaron a ponerla en duda.

Trabajadores de la sanidad y sindicatos reclamaron, por ejemplo, el contrato de construcción y mantenimiento del nuevo hospital de Edimburgo. La petición fue denegada alegando intereses comerciales, pero el Gobierno les dio la razón y decidió que esos acuerdos debían ser, a partir de entonces, publicados automáticamente. De lo particular a lo general, el Sunday Herald estudió decenas de páginas de información detallada sobre este tipo de gestión que fueron reclamadas a las administraciones gracias a la existencia de la Freedom of Information Law escocesa. Con los datos en la mano, calcularon que las entidades públicas pagaron más del doble de lo necesario por unos 700 proyectos públicos planificados o construidos.

Aunque han dejado de utilizar este sistema, los escoceses siguen pagando cánones por escuelas y hospitales construídos bajo ese paraguas. En muchos casos, el sistema de salud ha llegado a pagar 10 veces más por un hospital que si lo hubiera levantado con sus propios recursos, tal y como han denunciado en múltiples ocasiones, entre otros, el profesor Ayson Pollock. En Reino Unido también se demostró que este procedimiento no era el más eficiente.

A raíz de una plaga de larvas de insectos, el quirófano de un hospital escocés pasó semanas cerrado. Los pacientes reclamaron información sobre el asunto y descubrieron, gracias a la ley de acceso a la información, que la clausura había sido provocada por la falta de limpieza de la empresa adjudicataria del PFI, que no había retirado una paloma muerta del techo de la instalación. Además, el contrato de gestión público-privada desveló la penalización por el cierre del quirófano era sólo de 28 libras al día. Este caso volvió a poner en primera línea el debate sobre ese sistema de construcción y mantenimiento de edificios públicos.

El Hospital de Vallecas, uno de los que se levantó y funciona vía PFI, impondría multas mucho más altas en el caso de infracciones graves de los términos del contrato: de 4.001 a 35.000 euros más una multa diaria que puede llegar a los 4.000 euros. El contrato que marca estas multas no está publicado en ninguna página web oficial en este momento, pero podemos acceder a él gracias a la labor de un portal privado.

Pero, ¿cómo funciona el PFI en España? Una vez más, no tenemos datos que nos permitan valorar la eficacia de este sistema, pero las malas experiencias internacionales pueden darnos alguna pista. De hecho, en 2010 la Comunidad de Madrid aprobó un incremento del canon que pagaba a seis hospitales gestionados bajo este mismo sistema. En la actualidad, funcionan bajo el PFI siete hospitales de Madrid y otros tantos en Castilla y León, Cataluña y Baleares. No sabemos si esta gestión funcionará mejor o peor aquí que en Escocia, pero sí que la Comunidad de Madrid pagará más de 100 millones al año durante 30 años por el canon de arrendamiento de estos centros.

Este sistema mixto es sólo un paso intermedio hacia la privatización total. El plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid acoge, tras ese nombre tan largo, algunas medidas como la jubilación de dos tercios de los médicos mayores de 65 años, el euro por receta (suspendido por el Tribunal Constitucional), la privatización de 27 centros de atención primaria o la externalización de cocinas, lavanderías y mantenimiento de centros sanitarios. Todas estas medidas, según el gobierno madrileño, suponen un ahorro en los costes de la sanidad pública. Pero el caso es que ninguno de estos proyectos viene respaldado por datos que apoyen que son medidas eficientes. Y el debate sigue. El euro por receta, por ejemplo, se planteó como una medida coaccionadora para evitar el despilfarro en el uso del medicamentos, pero para muchos no es más que una barrera en el acceso a los fármacos por parte de las clases más desfavorecidas. Sin datos, ambas valoraciones son subjetivas a priori.

Pero, sin duda, la medida estrella del plan madrileño es la privatización total de seis hospitales, que hasta ahora funcionaban bajo el paraguas del sistema PFI. El objetivo: una gestión más “eficiente”, según el redactado del informe. Pero, ¿es más eficiente la gestión privada que la gestión pública? Para apoyar su teoría, el gobierno de la Comunidad de Madrid asegura que los hospitales de gestión mixta gastan una media de 600 euros por paciente y año (sí, la cifra es redonda), mientras que el gasto en el caso de una privatización total sería de 441 euros. ¿De dónde salen estas cifras?

Según el informe de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), los 600 euros no se corresponden con el gasto real de hospitales del mismo tipo que funcionan bajo gestión pública. Además, denuncian que los 441 euros surgen directamente de las ofertas de las empresas que se postulan para la concesión y que, en realidad, el gasto aumentará con la privatización de esos seis hospitales. Unos y otros utilizan cifras muy distintas, porque incluyen en el gasto diferentes baremos. Pero, de hecho, el presupuesto de 2013 de la Comunidad de Madrid ya ha aumentado por culpa de la privatización de estos centros sanitarios, como denunció UPyD en la Asamblea de Madrid.

La sanidad no es el único ámbito en el que ciudadanos, organizaciones o partidos de la oposición ponen en duda la eficiencia de los contratos con empresas privadas. De hecho, la concesión del metro ligero de Madrid fue objeto de polémica hace sólo unos días por el pago a la empresa concesionaria de millones de euros en concepto de viajeros que no utilizaron el servicio. En uno y otro caso el problema es el mismo: la falta de transparencia y de acceso a información fiable no permite debatir con los datos sobre la mesa. Al menos por el momento. Puede que, como en Escocia, la respuesta llegue demasiado tarde.

 

I: CÓMO EVITAR EL CIERRE DE ESCUELAS RURALES GRACIAS A LOS DATOS

¿Cuántas decisiones toman nuestros gobernantes cada día? ¿Cuántas de ellas están basadas en análisis razonados y fieles a la realidad? ¿Cuántas, en cambio, se fundamentan en meras suposiciones o corazonadas? En España es imposible saberlo. Si un concejal dicta una norma basándose en un análisis previo, ese informe sólo se hace público en contadísimas ocasiones.  Ni siquiera el redactado actual de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, en trámite parlamentario, supone una mejora en este sentido, ya que no incluye entre los documentos susceptibles de ser analizados los informes y borradores previos a la toma de decisiones.

Bajo la Freedom Of Information Law los ciudadanos escoceses sí pueden reclamar esos informes y, lo que es mejor aún, deben recibir una respuesta -excepto en casos muy excepcionales-. Con el respaldo de la ley y gracias a su insistencia, un grupo de padres y profesores consiguió paralizar el cierre de 60 escuelas rurales. Este caso, tal y como lo narra quien fue comisionado para el acceso a la información de 2003 a 2012, Kevin Dunion, es una de las muchas pruebas concretas de la eficacia de la norma para conseguir mejoras en la comunidad.

En 2005, la Scottish Rural Schools Network (SRSN) arrancó una campaña contra la clausura de 60 escuelas rurales y pidió a las autoridades información sobre la población escolar de las zonas afectadas, la capacidad de los centros, la distancia que tendrían que recorrer los niños tras el cierre y el ahorro real que supondría para las administraciones públicas. Con los datos en la mano, la SRSN elaboró un informe alternativo en el que demostró que los cálculos oficiales eran erróneos y los cierres estaban injustificados. El gobierno escocés creó una comisión independiente para estudiar el asunto e impuso una moratoria en los cierres hasta conocer los resultados de la comisión.

Padres y profesores consiguieron frenar una decisión que les afectaba directamente pero, además, ayudaron a mejorar la transparencia de las administraciones públicas a largo plazo: a partir de entonces es obligatorio que cualquier plan de clausura de servicios públicos cuente con un estudio razonado y público que argumente la decisión, además de un proceso de consulta previo.

La victoria de la SRSN no habría sido posible sin el acceso a los datos y sin la ley que avalaba sus peticiones de acceso a la información. En España la situación es bien distinta: ¿dónde están los documentos que justifican el cierre de escuelas y ambulatorios en los pueblos? En junio de 2012, Castilla La Mancha anunciaba el cierre de unas 60 escuelas rurales. No son las únicas, también se han clausurado centros escolares en Galicia o Valencia, entre otras zonas. De hecho, las comunidades autónomas han ido elevando en los últimos años el ratio de alumnos necesarios para mantener un centro abierto. Un portavoz de Castilla La Mancha llegó a afirmar que los cierres se fundamentaban en una cuestión de calidad y no de dinero, pero nunca mostró informes o estudios que apoyaran su tesis de que la educación era de mejor calidad en los grandes colegios de las ciudades que en las pequeñas escuelas rurales.

Un caso similar se vivió con el cierre de las urgencias nocturnas en varios pueblos y ciudades de Catalunya, primero; y Castilla La Mancha, poco después, entre otras comunidades autónomas. El gobierno de María Dolores de Cospedal decretó la clausura de 21 puntos que ofrecían atención sanitaria durante la noche en distintos pueblos de Castilla La Mancha. Ante las protestas y, sobre todo, las resoluciones judiciales que tumbaron la decisión, el gobierno manchego tuvo que dar marcha atrás. Eso sí, ya ha anunciado que prepara un nuevo plan de cierres.

Durante el debate sobre el cierre de los ambulatorios, el ejecutivo autonómico aseguró que los pacientes afectados sólo deberían desplazarse unos kilómetros para ser atendidos en otro centro. Nunca mostró de dónde sacó esos datos. Una comprobación práctica demostró que esos pocos kilómetros rondaban los 40 y que el recorrido podía llegar a durar más de 40 minutos.

Con los datos en la mano, los numerosos ciudadanos que han protestado contra estas decisiones en España podrían intentar demostrar, como pasó en Escocia, si los gobiernos se equivocan al decretar todos estos cierres. Pero España no es Escocia.

El copago, el viraje hacia una gestión privada de la salud, la sostenibilidad del sistema sanitario, las competencias autonómicas,… El estado de la Sanidad en España preocupa y la información que trasladan los medios resulta con frecuencia contradictoria. Un chequeo de las respuestas obtenidas a través de Tuderechoasaber.es nos lleva directamente a la dolencia: las administraciones con competencias sobre el sistema de salud no están satisfaciendo las necesidades de información directa de los ciudadanos.

Entra dentro de toda normalidad que usted quiera contrastar por sí mismo los datos que respaldan una afirmación tajante como “El gasto en Sanidad se duplica desde que se transfirió a las CCAA. Tras la entrega de la sanidad a las comunidades autónomas en 2002, los españoles pagamos 50.265 millones más al año por este concepto”. En abril de 2012 Luis se dirigió al Ministerio de Sanidad preguntando sobre esta cuestión. “¿Qué parte de este sobrecoste se debe al capítulo de “Personal”? ¿Y a la “designación de cargos de responsabilidad?” Sus pesquisas se toparon con el silencio administrativo y un año después no ha recibido respuesta.

Quizá el 20 de abril de 2012 sintonizase usted la rueda de prensa de Ana Mato, ministra de Sanidad, y escuchase que “700.000 extranjeros usaron indebidamente servicios 
sanitarios en 2009”. Puede  que le intrigase el dato sobre el que se apoya esa afirmación. Antonio decidió preguntar al propio ministerio sobre el uso de servicios sanitarios en España por parte de extranjeros. El Gabinete Técnico Secretaría General de Sanidad le contestó que el dato procedía del “ Informe de Fiscalización de la Gestión de las
Prestaciones de Asistencia Sanitaria derivadas de la aplicación de los
Reglamentos Comunitarios y Convenios Internacionales de la Seguridad
 Social, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 
29 de marzo de 2012”. No le facilitaron ningún enlace pero pudo consultar dicho informe en la web del Tribunal de Cuentas. Su lectura permite hacer unas cuantas precisiones sobre las cifras mencionadas.

 

Si existen datos que justifiquen la privatización parcial del sistema de salud, las administraciones no los usan para tranquilizar a los ciudadanos. Danielle solicitó a la Comunidad de Madrid los “estudios, documentos o evaluaciones
 previas” en que se basa la medida número 1 del “Plan de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid”, que contempla la “externalización de la actividad
 sanitaria en 6 hospitales, utilizando el modelo de concesión“.
 El plan señala:

 “Se ha comprobado que el modelo de concesión es más eficiente, da buenos 
resultados clínicos y alta satisfacción a los pacientes. 
De media, el coste total de la asistencia sanitaria especializada de la 
población de los hospitales de gestión mixta es de unos 600 euros por
 habitante, mientras que en los hospitales con modelo capitativo más
recientes, este coste medio anual es de 441 euros”.



Danielle no pudo obtener la información que requería para contrastar los datos. Algunas informaciones señalaron que este cálculo estaba inflado: “en febrero de 2011, el consejero Javier Fernández Lasquetty situaba ese coste per capita en 428 euros. Un salto de 128 euros y un 40% en los hospitales mixtos en algo más de un año hasta en un 40%.”

A escala autonómica, la falta de respuesta es similar. Teresa Villodres escribió a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para conocer qué tipo de gestión específica –pública o privada- tienen los hospitales andaluces y, en caso de ser privados, qué empresas los gestionan. Tras dirigir a Teresa a dos enlaces que no aportaban ninguna respuesta, la Consejería lamentó no disponer de la información, recomendando “dirigirse a otros organismos competentes, en este caso al área de prensa”.

Tampoco la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana contestó a un ciudadano que en mayo de 2012 quiso conocer detalles sobre la implantación de un modelo mixto de gestión sanitaria público/privada en Valencia.

 

 

Hace pocos días que arrancó en Francia el macrojuicio contra el fabricante de las prótesis mamarias PIP, que usó un gel no homologado cuyas consecuencias –infecciones, roturas, dolores,…- pueden afectar a 18.500 españolas, según estimaciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) citadas por El País. El 4,2% de ellas, operadas en la sanidad pública. 

Una ciudadana se dirigió al Ministerio de Sanidad para conocer quién es el responsable de la homologación de las prótesis de pecho fraudulentas PIP para el mercado español.  La 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ofreció una completa respuesta explicando que, debido a la regulación europea armonizada, la certificación de estas prótesis la otorgó un organismo designado por la autoridades alemanas:

“Los productos sanitarios, por tanto, no están sometidos a evaluación ni autorización de comercialización por las autoridades sanitarias nacionales de los diferentes Estados Miembros y circulan libremente en el territorio comunitario siempre que vayan provistos del marcado CE. Los Estados Miembros no pueden impedir en su territorio, la comercialización ni la puesta en servicio de los productos que ostentan el marcado CE, a menos que se demuestre que presentan riesgos para la salud. Esto fue lo que ocurrió en el momento en que las autoridades francesas comunicaron al resto de países los problemas con estas prótesis”. (Leer el resto de la respuesta).

Hoy conocemos que España pronto contará con un registro de prótesis y otro tipo de productos sanitarios sensibles que facilitará el control de esta clase de incidencias.

En primer lugar porque los estándares internacionales, entre otros el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos, establecen que para solicitar información solo habrá que indicar la información que sea necesaria para poder contestar a la solicitud, y cuando se habla de identificación se pide simplemente un nombre para poder dirigirse al solicitante.

En el caso de los formularios, la gran mayoría exige mucha información, incluyendo el DNI. El peor de los ejemplos es sin duda Navarra que para solicitar información por vía electrónica exige un DNIe o certificado digital para acceder y a continuación datos como la dirección postal, el teléfono y el DNI. Esto es una interpretación muy extrema del artículo de la ley que indica que el solicitante debe identificarse y que va en contra de los estándares internacionales de acceso a la información (ver post sobre Navarra en tuderechoasaber.es).

En segundo lugar porque solicitar información debería ser algo rápido y sencillo, y todo trámite que se añada en el proceso de solicitud es un obstáculo innecesario que hace que mucha gente no realice sus solicitudes, haciendo así que la ley de transparencia pierda su eficacia. Tener que introducir todos los datos, sobre todo un el número de DNI, frena a mucha gente a la hora de solicitar información.

En tercer lugar porque el email es el medio de comunicación que usamos todos en nuestro día a día para comunicarnos, en nuestras relaciones laborales o personales. La administración debe adaptase a los nuevos medios. Por último, uno de los lemas de las políticas de gobierno abierto es que la administración tiene que estar donde estén los ciudadanos. Los ciudadanos usan el correo electrónico para comunicarse; los formularios en cambio distancian a la administración de los ciudadanos, al no saber éstos a quién se están dirigiendo, ni quién es la persona encargada de su solicitud, ambos también objetivos de las políticas de gobierno abierto que España y muchos otros países dicen estar implementando.

 

 

La Comunidad de Madrid remite a un formulario, a un escrito y pide conocer para qué se pide una información sobre la ejecución presupuestaria del servicio madrileño de Salud. Todo trabas.

El Gobierno de Cantabria reclama identificación electrónica a un ciudadano que pide una copia del contrato público con una empresa para gestionar la incineradora.

 

Hemos realizado una encuesta en FOIAnet, la red mundial de expertos de acceso a la información, y hemos conocido la realidad en 13 países, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Estados Unidos, Georgia, Hungría, Italia, Jordania, Reino Unido, Rumanía, Ucrania y Uruguay. De esos 13 países solo 4 obligan a los solicitantes a enviar sus solicitudes vía formulario, Brasil, Chile, Georgia y Uruguay. Georgia ya ha aprobado una ley para poder enviar solicitudes vía email que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2013.

Al preguntarles a expertos de estos y del resto de países todos se manifiestan claramente en contra del uso de formularios por diversas razones:

• Porque los formularios obligan a incluir información innecesaria.
• Porque antes de que la ley impusiera el uso de formularios, solicitar información era más sencillo.
• Porque no se puede hacer un seguimiento ni responder a la persona responsable.
• Porque en cualquier caso en aras de un mejor reconocimiento del derecho de acceso a la información lo mejor sería tener el mayor número de opciones para realizar solicitudes.

España está en estos momentos debatiendo su ley de transparencia, entre todas las recomendaciones para conseguir una ley eficiente y moderna, añadimos la de no usar formularios que exijan información innecesaria.